No hay duda que la estrategia de repartición de petrodólares del presidente venezolano Hugo Chávez, para ganarse la simpatía de sus vecinos latinoamericanos, es muy astuta. A todas las personas les gusta que les regalen y eso es precisamente lo que el presidente Chávez ha estado haciendo en los últimos años, aunque no de gratis sino que a cambio de algo muy importante.
Según datos extraoficiales, las regalías de Chávez ascienden a más de 25 mil millones de dólares desde que asumió el poder en 1999. Otros, más conservadores, calculan sus donaciones en 16 mil millones de dólares. En cualquiera de los casos estamos hablando de muchísimo dinero. Chávez le regaló a Argentina 2, 500 millones de dólares para que cancelara totalmente su deuda con el Fondo Monetario Internacional y subsidia a países como Cuba, Bolivia y Ecuador. Además, Chávez vende petróleo subsidiado a los países del Caribe por medio de Petrocaribe, una alianza energética.
El año pasado Chávez vendió petróleo para sistemas de calefacción con un 40 por ciento de descuento, para beneficiar a ciudadanos estadounidenses pobres del Bronx, en Nueva York. Chávez también venderá a Nicaragua crudo con un 40 por ciento de descuento y a largo plazo, según el alcalde sandinista de Managua, Dionisio Marenco.
Lo contradictorio de todo esto es que aunque en Venezuela hay mucha gente que simpatiza con Chávez, no ven con buenos ojos lo que su presidente está haciendo, pues creen que en vez de andar apagando fuegos ajenos debería de concentrarse en aliviar la pobreza en que todavía sufre al menos un 30 por ciento de los venezolanos. Sin embargo, es evidente que para el presidente Chávez estas donaciones constituyen una valiosa inversión política de futuro pues, según sus propias declaraciones, su intención es que los pueblos latinoamericanos se integren bajo la bandera de la revolución bolivariana, para contrarrestar al “imperialismo” norteamericano.
Irónicamente, la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina últimamente ha sido usada como combustible para atizar el discurso antinorteamericano. Por un lado, se acusa a Estados Unidos —sobre todo después de que sufrió los ataques terroristas del 11 de septiembre— de haber disminuido su interés en América Latina y concentrarse en reforzar su seguridad interna y en combatir el terrorismo en el Medio Oriente. Debido a eso la ayuda económica hacia Latinoamérica ha disminuido radicalmente, lo que ha molestado a muchos que creen que Estados Unidos debe hacerse cargo de resolver los problemas sociales latinoamericanos.
Por otro lado, el creciente sentimiento antiinmigrante entre muchos ciudadanos estadounidenses está levantando muros entre ese país y América Latina. Se percibe que el proyecto de ley de inmigración que se discute en el Senado está diseñado para perjudicar a los latinoamericanos, que son la mayoría de los ilegales en Estados Unidos. Al principio de su Gobierno, el presidente Bush dijo que Latinoamérica sería para él una prioridad pero eso cambió después de los ataques del 11 de septiembre y a partir de la guerra contra el terrorismo mundial, en la que prácticamente no ha tenido ningún apoyo de sus antiguos aliados latinoamericanos.
Por otro lado, el desprestigio que ha sufrido la democracia en Latinoamérica, especialmente por la corrupción generalizada de muchos de los gobernantes de derecha, también fortalece el discurso demagógico y populista. Desde Fujimori en Perú hasta Arnoldo Alemán en Nicaragua —para mencionar sólo dos ejemplos— la prioridad de los gobernantes “democráticos” ha sido su enriquecimiento ilícito —y de las camarilla que les acompañan— y no el alivio de la pobreza rampante que aflige a los trabajadores. La riqueza generada por la economía de libre mercado ha mejorado evidentemente la situación de muchos latinoamericanos, pero los también muchos pobres que no han recibido ese beneficio se ilusionan con el discurso populista que les ofrece una mejoría mágica inmediata.
El tono positivo de la actual política exterior norteamericana lo ponen los tratados comerciales como el DR-Cafta. Sin embargo, para recuperar el terreno perdido, el gobierno del presidente Bush tendría que hacer de Latinoamérica una verdadera prioridad, con políticas de cooperación económica y tecnológica más amplias y efectivas y con un discurso más amistoso hacia los inmigrantes ilegales en Estados Unidos.