Ya transcurrió más de una semana después de que se denunció la supuesta falsificación de la firma y sello del Presidente de la República, en el documento de veto a los indultos que aprobó la Asamblea Nacional en diciembre del año pasado, y todavía el caso no ha sido aclarado.
Como se recordará, en diciembre del año pasado los diputados aprobaron una ley de indulto para 132 reos, algunos de ellos condenados por delitos de extrema gravedad como asesinato atroz y parricidio. Pero el presidente Enrique Bolaños vetó dicha ley y dejó en la lista de indultados únicamente a 35 de los favorecidos por los diputados. El veto presidencial fue presentado en la Secretaría de la Asamblea Nacional y como es de rigor en una copia del mismo la funcionaria receptora puso el presentado de ley. Sin embargo, posteriormente se le entregó a los diputados miembros de la comisión dictaminadora del veto presidencial, otro documento, en el que sólo aparecen cinco nombres de reos que según el Presidente de la República deben ser indultados, en vez de los 35 que fueron señalados en el documento original del veto.
Según la denuncia, la falsificación de la firma y sello del Presidente de la República tendría que haber ocurrido en la Asamblea Nacional; pero no en cualquier sitio de ésta, sino en la Secretaría, que es legalmente el órgano de comunicación del Poder Legislativo y por lo tanto el sitio donde se reciben obligatoriamente todos los documentos públicos que tramitan oficialmente los legisladores.
Ahora bien, si fuese cierto que en la Asamblea Nacional fueron falsificados el sello y la firma del Presidente de la República, estaríamos ante un delito de gravísimas connotaciones legales, políticas y morales, acerca del cual lo menos que se podría decir es que pone en evidencia hasta qué grado de descomposición se ha llegado en el ejercicio de los poderes públicos, debido a la corrupción institucionalizada.
Sin embargo, la Primera Secretaria de la Asamblea Nacional negó que en esa institución se hubiera cometido semejante delito y más bien contraacusó a la Presidencia de la República, al señalar que seguramente hubo un error en el Poder Ejecutivo y que por no reconocerlo se ha acusado falsamente al Poder Legislativo. Supuestamente, el error de la Presidencia de la República consistiría en que envió por medio electrónico, a la Asamblea Nacional, una versión distinta del veto en la cual los reos a indultar son únicamente cinco, en vez de los 35 que fueron nominados en el documento original. No obstante, este argumento de la Asamblea Nacional no tiene mucho sentido porque la parte denunciante mostró públicamente el documento impreso, en el que aparecen la firma y el sello del Presidente de la República supuestamente falsificados.
Al parecer, el interés que hay detrás de todo esto es crear una confusión de documentos para que la Asamblea Nacional se vea “obligada” a rechazar el veto presidencial a la ley de indultos. De esa manera todos los reos que los diputados propusieron el año pasado para ser indultados, incluyendo los condenados por asesinato atroz y parricidio, tendrían que ser puestos en libertad.
Pero dejar libres a culpables de asesinatos atroces y parricidio, a narcotraficantes y otros que no llenan los requisitos indispensables para merecer el indulto del Estado, no cabe en ningún esquema de pensamiento lógico, legal, justo y moral. La Asamblea Nacional no tiene por qué rechazar el veto presidencial sólo porque alguien quiso sembrar la confusión por medio de una falsificación o de un “error”. El hecho determinante es que el documento de veto que la Presidencia de la República reconoce como verdadero y oficial, es el que contiene los nombres de sólo cinco reos propuestos para ser indultados, y por lo tanto el otro no tiene validez. De modo que lo único que deben que hacer los diputados es aceptar como verdadero el documento de veto que el mismo Presidente de la República declara que él dictó, firmó, selló y envió a la Secretaría de la Asamblea Nacional. Así de sencillo.
Y en lo que se refiere específicamente al supuesto delito de falsificación de la firma y el sello presidencial, o al “error” de números en un segundo documento del veto a la ley de indultos, esto es algo que deben resolver las autoridades policiales y judiciales e informarlo a la ciudadanía con toda claridad.
