La discusión de la nueva ley de inmigración que está teniendo lugar en el Senado norteamericano ha levantado los ánimos de los hispanos que viven en ese país como ningún otro asunto en los últimos años. El Senado busca resolver un doble problema relativo a la inmigración. El primero de ellos es cómo detener la inmigración ilegal, ya sea de personas que entran por las fronteras terrestres sin ninguna documentación o por los aeropuertos con visa de turista y luego se quedan trabajando. El segundo problema es qué hacer con los 11 millones de inmigrantes ilegales que ya se han establecido en Estados Unidos.
El tema es muy sensible y hay quienes piensan que se trata de un asunto de seguridad nacional equivalente en importancia al problema del control y prevención del terrorismo. Los legisladores norteamericanos podrían aprobar una ley radical por medio de la cual se penalice la inmigración ilegal como una felonía. De esta manera, la Policía y otros organismos represivos del Estado tendrían asidero legal para perseguir a los ilegales como se persigue a un criminal, hacer redadas, echarlos en camiones y llevarlos a cárceles temporales desde donde serían deportados a sus países respectivos en el menor tiempo posible. También podrían tipificar como delito la ayuda a un ilegal en cualquier forma para evitar que ciudadanos o residentes legales participen del problema. Como complemento a estas medidas, el Gobierno podría mandar a construir una muralla de 700 millas de longitud (más de mil kilómetros) y al menos unos ocho metros de altura a todo lo largo de la frontera con México y aislar su frontera sur. Esto es básicamente lo que está proponiendo un sector de legisladores extremistas.
Sin embargo, hay una alternativa más inteligente la cual consiste en integrar a los ilegales a la sociedad, aprovechar la enorme fuerza de trabajo que ellos representan, ofrecerles la oportunidad de llegar a obtener la ciudadanía cumpliendo con requisitos razonables y dejar por fuera sólo a quienes tengan antecedentes delictivos y se compruebe que no trabajan sino que representan una carga y/o un peligro para la sociedad. Esta es una propuesta pragmática pero, sobre todo, humana y respetuosa para los ilegales y digna de la nobleza que ha caracterizado al pueblo norteamericano. Las medidas radicales, incluyendo la construcción del muro a lo largo de la frontera con México, no resolverían el problema. Seguramente hay mejores cosas que se pueden hacer, como por ejemplo, un sistema de guardafronteras más eficiente y, tal vez, un control más estricto de la ubicación de quienes ingresan al país con visas de turista. Las medidas radicales propuestas por un sector de legisladores dañarían gravemente la relación de Estados Unidos con México y Mesoamérica. Ese es un lujo que el Gobierno norteamericano no se puede dar en el contexto de alianzas estratégicas que prima actualmente en el mundo.
Los legisladores que apoyen la propuesta de ley radical —aunque ésta no se apruebe— van a tener que pagar un precio muy alto en términos de votos hispanos para sus candidaturas. El presidente Bush y su partido han estado haciendo grandes esfuerzos en los últimos diez años para cortejar a los votantes hispanos. Todo ese esfuerzo podría desmoronarse como un edificio de naipes si los republicanos van contra los inmigrantes hispanos ilegales especialmente en un año electoral.
Según un cuadro estadístico presentado en una reciente edición del New York Times, hay ocho Estados de la Unión donde los hispanos constituyen entre el 10 y el 20 por ciento de la población y cinco Estados donde son entre el 20 y más del 40 por ciento de la población (Nuevo México, 43.3 por ciento; California, 34.7 por ciento y Texas, 34.6 por ciento). Y con todo, el sentimiento antiinmigrante en los Estados Unidos es muy grande y muchos piensan que integrar a los ilegales (aunque trabajen y paguen impuestos) sería equivalente a darles un tipo de amnistía.
Esta semana, el Senado va a votar sobre la legislación de inmigración que regirá en los Estados Unidos en el futuro inmediato y nosotros esperamos que a pesar de la presión que tienen los senadores sobre sí mismos, la razón y la mesura se impongan sobre el miedo y el prejuicio.
