De acuerdo con los datos de la última encuesta de M&R Consultores, cuyos resultados principales publicó LA PRENSA en sus ediciones del lunes y el martes de esta semana, en la cantidad de diputados a conseguir en las elecciones del próximo noviembre los dos partidos pactistas —FSLN y PLC— podrían quedar empatados con los partidos que se han pronunciado contra el pacto libero-sandinista, o sea la Alianza Herty 2006, la Alianza Liberal Nicaragüense-PC y el Apre.
En efecto, según la encuesta mencionada el 26.2 por ciento de los electores declaró que está dispuesto a votar por los candidatos a diputados del FSLN y 12.9 por ciento dijo que lo haría por los candidatos del PLC, o sea que entre los dos conseguirían el 39.1 por ciento de los escaños de la Asamblea Nacional. Mientras que los partidos antipacto, según la misma encuesta alcanzarían el 39.0 por ciento de los diputados, si es que sumamos el 18.2 por ciento de la Alianza Herty 2006 con el 16 por ciento de la Alianza de Eduardo Montealegre y el 4.8 por ciento del Apre.
Seguramente que estas cifras cambiarán, de aquí a las elecciones de noviembre, cuando muchos de los indecisos (21.8 por ciento) tomen una decisión con respecto a los candidatos a diputados. Pero de cualquier manera se ve sombrío el panorama político del próximo Poder Legislativo, si la actual intención de voto se mantiene hasta el día de las elecciones, o si el segmento que ahora aparece como voto oculto sufragara en la misma proporción de los que ya están decididos a votar.
En realidad, aún en el supuesto caso de que todos los diputados que consiguieran los partidos o alianzas de Eduardo Montealegre, Herty Lewites y Apre, se mantuvieran firmes en la posición antipactista, con el 39 por ciento de los votos en la Asamblea Nacional no se podría revertir el pacto de Daniel Ortega con Arnoldo Alemán. De modo que si el siguiente Presidente de la República fuese Eduardo Montealegre o Herty Lewites, como auguran las encuestas, cualquiera de los dos tendría que gobernar sometido a las reformas constitucionales del pacto, las cuales entrarían en vigencia el 20 de enero del 2007 de acuerdo con la Ley Marco que pactó el presidente Enrique Bolaños con Daniel Ortega para asegurarse que podría llegar al final de su término presidencial.
Ante esa perspectiva cobra relevancia y se hace necesario rescatar la demanda de los ciudadanos de que las reformas constitucionales —que penden como espada de Damocles sobre el cuello de la institucionalidad democrática de Nicaragua—, sean sometidas a referendo el mismo día de las elecciones presidenciales y legislativas, a fin de que la población decida soberanamente la aceptación o rechazo de tales enmiendas a la Constitución.
Pero hay otro aspecto del asunto que es igualmente importante, o más todavía. Se trata de que Eduardo Montealegre y Herty Lewites tienen que darle mayor importancia y poner más atención a las candidaturas para diputados de sus respectivas alianzas electorales; y no sólo en lo que se refiere a la asignación de recursos y promoción de la campaña por la elección de los legisladores, sino que también y ante todo ellos deben preocuparse por la calidad de las personas que van a presentar ante la población, como candidatos a diputados.
Dicho con otras palabras, si Montealegre y Lewites se rodean sólo de personas que de una u otra manera apoyaron el pacto cuando este se constitucionalizó en la Asamblea Nacional, los electores no tendrán ninguna motivación para votar por los candidatos a diputados de las alianzas antipactistas.
Las alianzas que han repudiado el pacto de DAniel Ortega con Arnoldo Alemán tienen que proponer como candidatos a diputados a las mejores personas de los distintos sectores sociales, no sólo y no tanto a los políticos “quemados” de sus mismos partidos. Los electores democráticos tienen que ver en los candidatos a diputados de las alianzas antipactistas, a personas honestas, transparentes y confiables por su buena trayectoria personal, por su competencia profesional y su disposición a trabajar por el bien común, no por los 4 mil dólares mensuales de sueldo y los otros privilegios como los millonarios complementos económicos para proselitismo personal.
¿O es que en Nicaragua no hay suficientes personas que llenen esos requisitos.
