El más reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la lucha contra el narcotráfico en Nicaragua, es al mismo tiempo alentador y preocupante.
Es alentador, porque reconoce los esfuerzos que hace el Gobierno de Nicaragua, por medio de la Policía Nacional y el Ejército, para combatir el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción. Y por lo tanto, queda claro también que Estados Unidos tiene la disposición de seguir ayudando al Gobierno de Nicaragua en la lucha contra estas plagas sociales.
Pero el informe es al mismo tiempo preocupante, porque comprueba que el nivel de corrupción del Poder Judicial de Nicaragua, en todas sus instancias, es tanto y tan escandaloso que ha trascendido a la comunidad internacional. Y como es bien sabido, que el Poder Judicial sea percibido internacionalmente como corrupto, aleja a los inversionistas extranjeros que indudablemente van a buscar otros países donde se garanticen sus derechos y su capital.
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos hace mención específica al sonado caso de los más de 600 mil dólares en el que estuvieron involucrados por lo menos dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como a otro caso de 300 mil dólares incautados a dos personas mexicanas a quienes por orden judicial se les devolvió el dinero. Pero a las autoridades judiciales de Nicaragua no les preocupa lo que diga el informe del Departamento de Estado, ni la opinión de la comunidad internacional o del pueblo nicaragüense que, indefenso ante el delito organizado, no puede sino lamentarse e indignarse al ver cómo se le irrespeta y se abusa del dinero que aporta a través del pago de sus impuestos.
Y lo que es peor, siguen haciendo de las suyas, como lo demuestra el reciente fallo judicial que manda a devolverle a Byron Jerez una flota de vehículos de lujo y propiedades que le habían sido confiscadas cuando fue sentenciado en primera instancia, luego que la Procuraduría General de la República demostró —según declaraciones del procurador Alberto Novoa— que dichos bienes fueron obtenidos de manera ilícita durante el Gobierno de Arnoldo Alemán Lacayo.
El argumento de la juez responsable de la sentencia que manda a devolverle a Jerez los bienes incautados, es que no se siguieron los procedimientos de ley por parte de la Procuraduría General de la República ni del Ministerio Público, en la confiscación de dichos bienes. Esto, según la defensa de Jerez, “violentó los derechos constitucionales de su defendido”. De manera que, para colmo, ahora resulta que Jerez no sólo pretende recuperar los bienes confiscados sino que ha expresado por medio de su abogado, su intención de demandar al Estado de Nicaragua por daños y perjuicios. Lo cual significa que si su demanda llegara a prosperar, el Estado nicaragüense usaría dinero del pueblo para satisfacer la demanda de Jerez.
Por otro lado, el jueves de la semana pasada el Poder Judicial volvió a hacer “méritos” al archivar el juicio que la periodista Eloísa Ibarra había iniciado, por injurias y calumnia, en contra del magistrado Rogers Camilo Argüello, porque a criterio de la juez la demanda adolecía de “vicios de procedimiento”. La metodología usada es básicamente la misma de otros casos de negación de justicia: se arguyen vicios de procedimiento para que los juicios se caigan y luego se aplique el principio constitucional de que “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”.
Nicaragua no puede seguir así por mucho tiempo. La fama que ha creado el Poder Judicial no sólo aleja la inversión extranjera sino que hace de este país un lugar atractivo para operaciones ilícitas de parte de delincuentes internacionales, como se dice en el informe del Departamento de Estado. Ellos, los delincuentes del crimen organizado, saben que aquí pueden operar tranquilos porque por muy eficientes que sean la Policía y el Ejército para capturarlos, así como sus cargamentos de drogas y los cientos de miles de dólares que cargan, los jueces nicaragüenses son altamente eficientes para encontrar argucias de procedimiento para al fin y al cabo ponerlos otra vez en las calles.
Sin duda que esta vergonzosa situación no cambiará de manera espontánea ni la cambiarán quienes controlan los poderes Judicial y Legislativo. El cambio lo tienen que producir los mismos ciudadanos, cívicamente y mediante el voto, como corresponde hacerlo en un sistema democrático.
