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Institucionalicidio libero-sandinista
En el mundo occidental se considera —por principios, cultura y tradición— que la función de la política es procurar el mejoramiento de las instituciones y lograr que el Estado, la nación, el país y la gente que lo habita vayan siempre hacia adelante.
Es cierto que, como todos sabemos, el camino hacia el progreso, el desarrollo y el porvenir, está sembrado de dificultades y retos de toda clase. Es por eso que el curso del desarrollo tiene siempre altos y bajos, avances y retrocesos. Sin embargo, se espera que el buen sentido y la capacidad profesional de los políticos que ejercen el gobierno de los distintos poderes del Estado sepa enfrentar y superar todos esos obstáculos.
Lo que no se concibe, no se justifica ni se debe aceptar por ningún motivo, es que de manera deliberada e irresponsable algunos políticos empujen al país hacia atrás en vez de hacerlo avanzar por el camino del progreso institucional. Y eso precisamente es lo que están haciendo los políticos libero-sandinistas, a quienes no les ha bastado con haber convertido a Nicaragua en uno de los países más pobres y endeudados del mundo, sino que ahora parecen estar empeñados en incluirlo también en el penoso círculo de los llamados “Estados inviables” del planeta, como Haití en América y Sudán en África.
En efecto, no otra cosa se puede decir ante los últimos hechos que están generando los políticos libero-sandinistas que ocupan cargos de liderazgo en los poderes del Estado: magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo Supremo Electoral (CSE) que forman parte del equipo de campaña del Frente Sandinista; magistrados electorales del PLC que boicotean las reuniones y el funcionamiento del Poder Electoral; magistrados sandinistas de la Sala Constitucional de la CSJ que cooptan arbitrariamente a un correligionario perteneciente a otra Sala de la misma Corte, para hacer quórum y dictar una resolución favorable a los magistrados sandinistas del CSE; magistrados sandinistas del CSE que convierten en propietarios a magistrados suplentes de su misma corriente partidista, para sustituir a los magistrados del PLC, etc.
En fin, lo que están haciendo los sandinistas orteguistas y liberales arnoldistas que ocupan las magistraturas de la CSJ y el CSE es una monstruosidad jurídica y política, un institucionalicidio que debería motivar a la reflexión de todas las fuerzas sanas de la nación, y a la acción para poner fin a tanta irresponsabilidad.
Es evidente que los liberales arnoldistas están llevando la peor parte en los pleitos bipartidistas. Pero los liberales arnoldistas sólo están recibiendo lo que merecen, por parte del sandinismo orteguista y una vez más se cumple la regla de que muy mal le paga el diablo a quien bien le sirve. Sin embargo, si las víctimas de las arbitrariedades sandinistas sólo fuesen los liberales arnoldistas no habría mayor problema. Lo malo es que las principales y verdaderas víctimas de los atropellos que se están haciendo en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, son el pueblo de Nicaragua, la institucionalidad democrática del país y el decoro nacional.
Probablemente los actuales conflictos bipartidistas que se están escenificando en el Consejo Supremo Electoral y en la Corte Suprema de Justicia no van a desembocar en la suspensión de las elecciones regionales de marzo en la Costa Atlántica, y las nacionales de noviembre, tal como ocurrió recientemente en Haití donde inclusive fue menester la intervención política y militar de la comunidad internacional. Al respecto los observadores internacionales han advertido que después de la catástrofe revolucionaria y de las guerras civiles provocadas por los políticos sandinistas y liberales, estos se han convertido en expertos en mantener a Nicaragua al borde del abismo y de sacar acuerdos antes de que se precipite en el despeñadero. Pero, ¿hasta cuándo aguantará el país tanta irresponsabilidad?
