Eduardo Duque Estrada Ortiz
El pilar fundamental del sistema democrático puede constituirse en su talón de Aquiles: el hecho de que las autoridades de los pueblos que disfrutan de la democracia respeten el derecho de los de los mismos a escoger, no garantiza que dichos pueblos elijan al candidato mejor calificado para ejercer el puesto público. Al final, el resultado de una elección se convierte en un concurso de popularidad, y no garantiza que los elegidos sean capaces, inteligentes o por lo menos honestos.
Y por qué no “filtrar” a los candidatos de manera que el pueblo vote exclusivamente por aquellos que sean calificados como capaces y honestos.
Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) la palabra inteligencia (del latín intelligentia) describe la capacidad que tiene una persona de entender o comprender los problemas y su habilidad para resolverlos. Utilizando esta definición, un político inteligente sería aquel que pudiese “entender o comprender” los problemas del país, y además “resolver” los mismos.
¿Pero cómo saber con certeza cuáles políticos son inteligentes y cuáles no? Según Descartes “el buen sentido” (entiéndase la inteligencia) “es la cosa mejor repartida del mundo, pues cada uno piensa estar tan bien provisto de él que aún aquellos que son más difíciles de contentar en todo lo demás, no acostumbran a desear más de lo que tienen”. En un mundo donde todos nos consideramos inteligentes, los científicos han diseñado pruebas parciales para medir la inteligencia, comúnmente llamadas “IQ Test”, cuyo resultado es una nota o “IQ score”: pero al existir varios tipos de Test, los “scores” son difícilmente comparables entre sí.
MENSA Internacional, sociedad fundada en 1946 en Inglaterra cuyo fin último es identificar y fomentar la inteligencia para el beneficio de la humanidad, estableció como único requisito para ingresar a dicha sociedad el tener un alto IQ, o sea ser muy inteligente, definiendo como “muy inteligente” a aquella persona que sea capaz de alcanzar un “score” en o sobre el percentil 98 en cualquier tipo de Test de inteligencia estándar.
Basados en esta premisa, podríamos solicitarle a los precandidatos a presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes que tomen un test de inteligencia estándar y si se encuentran en o sobre el percentil 98 se les permitirá participar en las contiendas electorales. De esa forma estaríamos escogiendo sólo entre personas “muy inteligentes”, que como bien lo dice la definición, serían capaces de entender y resolver los problemas del país, evitando así que personas “brutas” pudieran ostentar puestos públicos por mera popularidad. Pero existe un aspecto fundamental en el actuar del ser humano que tiene tanto o más peso que la inteligencia en las decisiones que tomamos día a día, en el aspecto moral. Y es que la persona inteligente tiene la potestad de utilizar la misma para hacer el bien o para hacer el mal. En síntesis, la “virtud” debería de ser la otra característica o requisito para permitir que una persona sea candidato a gobernar. Volviendo al diccionario de la RAE, “virtud” es el “hábito de obrar bien, independientemente de los preceptos de la ley, por sola la bondad de la operación y conformidad con la razón natural”. O sea, el político además de inteligente, debería ser virtuoso: debe de tener buenas intenciones y estar deseoso de utilizar su inteligencia para hacer el bien y no el mal. Según Cicerón: “nada es útil ni importante, si es injusto”. El que no esté en esta inteligencia, no puede ser hombre de bien.
Y cómo identificar al hombre de bien: Aristóteles menciona como virtudes humanas fundamentales: prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Platón añade las virtudes teologales (fe, esperanza y caridad); otra vez, la gran mayoría consideramos poseer todas estas virtudes. El moral Judgment Test (MJT) o prueba de juicio moral, mide la capacidad del individuo de solucionar conflictos sobre la base de consideraciones morales confrontándolo con dos dilemas morales y con argumentos a favor y en contra de dichos dilemas.
Estos dilemas se confrontan con seis razonamientos morales soportando una decisión y seis en contra, o sea, el que toma el test estará juzgando 12 argumentos por cada dilema, y al ser dos dilemas los discutidos, nuestro político tendría que evaluar 24 razonamientos morales.
Imagínese que pudiéramos hacer tomar este examen a nuestros líderes políticos y lo confrontamos con argumentos a favor y en contra de la Ley 85 del servicio militar obligatorio, de la politización de los poderes del Estado, la toma de tierra, la venta de sentencias por parte de magistrados y jueces, el seis por ciento a las universidades, los asesinatos políticos, etc.
El “score C” o índice C es el resultado del test con puntuaciones de 1 a 100 que te dan el porcentaje de preocupación del individuo porque sus respuestas tengan una base moral y no una base acomodada a sus intereses individuales o partidarios. Mientras más bajo el score, menor el interés por los valores morales. Cómo cree usted que nuestros candidatos saldrían en ambos tests. Ya que no podemos hacer que lo tomen, imagínelo antes de votar.
El autor es economista.
