Freddy Potoy R.
Este año que casi finaliza, parece no ser el mejor para el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), tampoco para los usuarios de telefonía móvil y convencional, y en menor grado para las mismas empresas de telecomunicaciones.
En el caso de Telcor, esta institución ha sido víctima de intrigas palaciegas desde figuras como la del Presidente de la República, Enrique Bolaños, pasando por los diputados, hasta llegar a los jueces, que juntos brindaron un triste espectáculo sobre la seriedad institucional que debe existir en el país.
Telcor, más que una institución, este año parece una marioneta sujeta a los vaivenes políticos del gobierno y del parlamento, que se han esmerado en que la funcionalidad de la institución se haya visto reducida sensiblemente. Sin estos problemas, seguro que Telcor habría avanzado más de lo que valoran internamente sus funcionarios.
Mientras el gobierno abogaba por mantener la vigencia de Telcor, los disputados aprobaron la controversial Ley de Superintendencia de Servicios Públicos, en la que a su vez crean distintas intendencias, entre éstas la de Telecomunicaciones, cuyo titular sería una persona muy cuestionada por su débil antecedente profesional en el sector. El próximo año, con lo que le queda de vida a Telcor, el gobierno debe impulsar avances significativos para que cuando funcione la Intendencia de Telecomunicaciones, la institucionalidad no se vea agrietada.
Respecto al mal año para los usuarios, indudablemente que éste se deriva de los problemas políticos que afectaron a Telcor, pero también hubo situaciones en que el ente regulador se vio afectado por resoluciones del Poder Judicial que sentaron mal precedente para los usuarios. Esto implicó que el carácter regulador de Telcor se viera vulnerado justo cuando las compañías telefónicas se enfrascan en cruentas batallas por captar el mercado, pero sin mayores beneficios para el usuario, más que desafortunados espejismos con la telefonía móvil en la capital y algunas cabeceras departamentales.
El servicio de telefonía, no sólo convencional, sino móvil, sigue siendo deficiente en Nicaragua, y mientras Telcor no exija el cumplimiento de sus compromisos a las compañías telefónicas, el usuario seguirá pagando caro un servicio que deja mucho que desear.
Pero al margen que las compañías obtengan la mejor tajada, sobre todo, económica, en medio de tanta desgracia política, lo cierto es que también han enfrentado serios problemas. Ambas compañías telefónicas en Nicaragua (Enitel y Movistar) se quejan por separado de los problemas con el ente regulador, el gobierno, los diputados y jueces.
Uno de los problemas que enfrentan las telefónicas, es que los parlamentarios mantienen engavetado el proyecto de ley de Ubicación e Instalación de Infraestructura para Antenas Celulares. Obviamente, esto redunda en perjuicio de una excelente cobertura telefónica y esto sirve de paraguas a las compañías para cubrirse de las críticas de su mal servicio en algunas zonas del país.
El Estado nicaragüense debe impulsar el cumplimiento de políticas orientadas a defender los intereses específicos de los consumidores, que es a ellos a quienes se deben las compañías telefónicas. Al usuario se le debe garantizar, entre otros, su derecho a la seguridad, a proteger su economía y no aplicarle cláusulas abusivas en los contratos.
