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Prueba de fuego para movimiento cívico
El Movimiento por Nicaragua y la Red por Nicaragua se someterán mañana a una virtual prueba de fuego —en el sentido de comprobar si continúan teniendo el respaldo de la ciudadanía democrática de Nicaragua, o no—, con la marcha cívica a la que dichas entidades de la sociedad civil convocaron para mañana, domingo 20 de noviembre, en Juigalpa, cabecera departamental de Chontales.
Ésta es la cuarta marcha a la que convocan estas organizaciones, las otras tres, notablemente exitosas, fueron: en Managua, el 16 de junio; en Granada, el 17 de julio; y en Chinandega el 23 de agosto. Y en la marcha de mañana en Juigalpa, además de rendir homenaje a la periodista de LA PRENSA y Diario Hoy, María José Bravo, quien fuera asesinada en esa misma ciudad hace un año, se demandará un referendo sobre las reformas constitucionales; elecciones primarias en los partidos; comicios nacionales libres, transparentes y sin inhibiciones por motivos políticos; y observación electoral internacional que comience desde ahora mismo.
Decimos que la marcha de mañana en Juigalpa es una prueba de fuego para el Movimiento y la Red por Nicaragua, porque es obvio que estas asociaciones cívicas perdieron una buena parte de su motivación al producirse el acuerdo del presidente Enrique Bolaños con Daniel Ortega —que fue auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y al que se adhirió la cúpula del PLC que controla el reo Arnoldo Alemán—, para poner fin mediante una Ley Marco sobre las reformas constitucionales a la crisis institucional en que se encontraba el país desde enero del presente año causada por dichas reformas.
En efecto, si la bandera principal —aunque no la única— de la movilización cívica impulsada por el Movimiento por Nicaragua y la Red por Nicaragua, era obligar a los pactistas a derogar las reformas constitucionales de enero, o someterlas a la voluntad popular en un referendo, al pactar el presidente Bolaños con Daniel Ortega para posponer la puesta en vigencia de dichas reformas hasta después de que asuma el próximo gobierno, es lógico que se produjera la percepción de que los mencionados movimiento cívicos perdieron una parte muy importante de su razón de ser.
Por otro lado, el Movimiento y la Red por Nicaragua han tenido que soportar una intensa y sostenida campaña de descalificación, de parte de las cúpulas pactistas y sus voceros oficiales y oficiosos, que los presentan como subordinados del Gobierno a pesar de que el presidente Bolaños ni siquiera los tomó en cuenta a la hora de arreglarse con las cúpulas del FSLN y el PLC para poner fin, temporalmente, al conflicto por las reformas constitucionales.
En realidad, el Movimiento y la Red por Nicaragua tienen razón al asegurar que el acuerdo o pacto del presidente Bolaños con Ortega, aunque alivió temporalmente la crítica situación política e institucional del país y aseguró la permanencia del actual gobierno hasta el fin de su mandato constitucional, sin embargo no resolvió la crisis sino que únicamente postergó la posibilidad de su solución. El pacto libero-sandinista sigue vivo y sus consecuencias perversas continúan haciéndose sentir en perjuicio de la nación, por ejemplo en la corrupción de las instituciones estatales controladas los pactistas. Y el Consejo Supremo Electoral, tal como está ahora —dominado por cuadros del FSLN y el PLC que ponen sus conveniencias partidistas y la voluntad de sus caudillos por encima de los intereses de los ciudadanos y de la institucionalidad democrática de la República—, no es garantía de que las elecciones del próximo año serán verdaderamente limpias y justas.
De manera que es válida la razón que el Movimiento y la Red por Nicaragua le dan a las movilizaciones cívicas, y específicamente a la de mañana en Juigalpa. Y ojalá que ésta tuviera un masivo respaldo popular, porque la presencia de la sociedad civil en el quehacer y la movilización política democrática —no partidista— de los ciudadanos, es indispensable para la recuperación de los valores de la democracia y para asegurar el funcionamiento más correcto posible de las instituciones democráticas.
Está demostrado de sobra que los partidos políticos no son buenos guardianes de la democracia. A los políticos hay que vigilarlos y proteger de ellos a los ciudadanos , y esta vigilancia y protección le corresponde a organizaciones de la sociedad civil como el Movimiento y la Coordinadora por Nicaragua. Las que a su vez deben mantenerse independientes del gobierno, de los poderes fácticos, de los partidos políticos y de los candidatos, por más democráticos que éstos sean o pretendan ser.
