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El próximo paro del transporte
El paro de esta semana en el transporte urbano de Managua terminó al tercer día, cuando el Gobierno y los diputados se comprometieron a aprobar rápidamente una reforma al Presupuesto General de la República, para asignar los 30 millones de córdobas que los transportistas reclamaban como subsidio estatal de los últimos meses.
Ahora hay que prepararse para el próximo paro del transporte. Y no nos referimos al de carga terrestre, cuyos operadores han amenazado con paralizarlo a partir del próximo lunes si el Gobierno no baja el precio de los combustibles, sino a los mismos buseros de Managua que podrían volver a parar sus unidades a fines del presente año, en el caso de que no se les concedan los otros 50 millones de córdobas que reclaman como subsidio para los meses de octubre a diciembre.
En efecto, según informó ayer LA PRENSA, “el diputado sandinista Bayardo Arce los convenció (a los buseros) de que esa parte (los otros 52 millones de córdobas) podrá resolverse en noviembre cuando se vuelva a revisar el Presupuesto General de la República”. O sea que los buseros suspendieron el paro el miércoles de esta semana a cambio de los primeros 30 millones de córdobas, pero lo reanudarán a fin de año, cuando se discuta el Presupuesto General de la República, si en éste no se incluyen los otros 52 millones de córdobas que ellos reclaman como subsidio para los próximos meses.
Según parece el problema del transporte no se resolverá jamás, a pesar de que se han hecho varias propuestas razonables para solucionarlo. Realmente, desde hace quince años se viene proponiendo liberar el transporte para poner fin al monopolio de las “cooperativas” de buseros y abrir el negocio a la libre competencia empresarial. También se ha propuesto un sistema de transporte diferenciado, con líneas servidas por unidades modernas, confortables y seguras, aunque las tarifas sean más altas que las de los buses destartalados que hay ahora. Inclusive se ha propuesto municipalizar o nacionalizar el transporte colectivo, pero nada se ha podido hacer por el rechazo intransigente de los buseros, que amenazan con desencadenar una violencia peor que la que han practicado hasta ahora, si les quitaran el monopolio del transporte. De manera que el problema sigue igual, o cada vez peor, y la población y la economía nacional sufren las consecuencias de los frecuentes paros de los buseros.
El transporte, como lo demuestran los mismos paros con los graves daños que causan a la población y a la actividad económica del país, es una parte sustantiva de la infraestructura socioeconómica, es un factor tan importante para la vida social y económica del país como la energía eléctrica, el otro sector que está en crisis permanente.
Los ciudadanos y los agentes económicos de la sociedad necesitan y reclaman, con toda razón y derecho, un sistema de transporte público rápido, seguro, cómodo, respetuoso del medio ambiente y barato o en todo caso al alcance de toda la población incluyendo a los sectores de menores ingresos. Y es obligación elemental del Gobierno —del partido o signo ideológico que sea— garantizar el funcionamiento de un transporte público que reúna esos requisitos de calidad.
Se entiende que la operación del transporte público es bastante costosa, sobre todo en los últimos tiempos cuando los precios del combustible suben de manera incesante e incontenible. De manera que el Estado tiene que subsidiar de cualquier manera el transporte, para mantener las tarifas del servicio al alcance de toda la población. Lo que no debe hacer el Gobierno es dejar sin control la asignación del subsidio, ni renunciar a regular las tarifas del transporte en forma razonable. Y frente a la trágica situación de las multitudes que caminan largas distancias cuando los buseros paralizan el transporte, los funcionarios del Gobierno, en vez de decir que “caminar no le hace daño a nadie” mientras ellos andan en lujosos vehículos pagados con los impuestos de los usuarios de los buses, lo que deben hacer es garantizar el transporte de la gente.
El Gobierno tiene la obligación de resolver el problema de la población cuando los buseros paran el transporte. Por ejemplo, ¿por qué no pone a disposición de los usuarios todo el parque estatal de transporte, incluyendo el del Ejército, con la debida protección militar?
