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Los medios y la ley de educación
El Foro Nacional de Educación (FNE), en el que participan representantes de entidades gubernamentales y no gubernamentales involucradas en los procesos educativos de la sociedad nicaragüense, ha preparado unas propuestas sustantivas para incorporarlas al dictamen de la Ley General de Educación que ya aprobó la Asamblea Nacional.
Hemos tenido a la vista y examinado las propuestas del FNE, sobre todo las que se refieren a los medios de comunicación social, las cuales rechazamos de manera categórica porque atentan contra el derecho a la libertad de expresión y de prensa, que está consagrado tanto en la Constitución Política de la República como en las convenciones internacionales de derechos humanos que forman parte del orden jurídico nicaragüense.
En el proyecto de Ley General de Educación que ya fue dictaminado favorablemente en la Asamblea Nacional se dice que: “Es obligación del Estado promover la participación de la familia, de la comunidad y del pueblo en la educación y garantizar el apoyo de los medios de comunicación social a la misma”. Y se establece que el Estado se coordinará con la sociedad, las empresas y los medios de comunicación “a fin de asegurar que el aprendizaje sea integral, pertinente y para potenciar el servicio educativo”.
Hasta allí todo está bien, porque básicamente eso es lo mismo que dice la Constitución en sus artículos 118 y 119, al referirse a la relación entre la educación y los medios de comunicación social. En realidad, la malignidad está en la propuesta que hace el Foro Nacional de Educación (FNE), en el que actúan de manera preponderante personas que fueron altos funcionarios de educación en el régimen sandinista, cuando se trató de imponer a la sociedad nicaragüense un sistema educativo de orientación comunista, copiado de Cuba, la URSS y otros países de la órbita soviética.
Ahora el FNE recoge aquellos postulados totalitarios sobre la educación y propone integrar a los medios informativos como parte del sistema educativo estatal y social, para que sea “obligación del Estado” promover su organización y participación en la educación. O sea que mientras la Constitución y en consecuencia el proyecto dictaminado de Ley General de la Educación, dicen que se debe garantizar el apoyo de los medios de comunicación a la educación, la propuesta del FNE habla de “obligación” del Estado de “promover la participación de los medios de comunicación en la educación”. De manera que el Estado controlaría los contenidos de la información y opinión y se coartaría la libertad de prensa.
Los medios de comunicación social tienen una gran importancia, sin duda, para la educación. Y a medida que se desarrolle la sociedad la influencia de los medios y el auge de las demandas informativas en relación con los procesos educativos serán cada vez más importantes, incluso indispensables.
Ahora bien, así como hay medios de comunicación social responsables y éticos que promueven valores morales y cívicos en la sociedad, como es el caso de LA PRENSA, también los hay que hacen lo contrario. Pero este problema no se resuelve sometiendo los medios al control directo o indirecto del Estado, sino promoviendo que todos se autorregulen éticamente, que fortalezcan su profesionalismo y que participen en la formación y diseminación de valores.
En una sociedad abierta los medios de comunicación tienen que ser libres e independientes. Sólo mediante el irrestricto ejercicio de la libertad de expresión y de información es que los medios de comunicación pueden contribuir a la educación integral de la persona y la sociedad. De otra manera, subordinados al Estado, los medios de comunicación son sólo correas de transmisión e instrumentos serviles del Estado y de un poder totalitario.
En ese orden, la propuesta del FNE sobre los medios de comunicación social en la Ley General de Educación significaría un retroceso al autoritarismo político y al totalitarismo educativo, hacia el control de los medios por el Estado, al quebrantamiento del derecho a la libre expresión y de la libertad de prensa.
El Ministerio de Educación y Eduquemos, que al parecer son minoría en el Foro Nacional de Educación, no deben avalar esas propuestas totalitarias que atentan contra la libertad de prensa. Y si dicho foro no las retira, tampoco deberían seguir participando en sus actividades.
