Denis Meléndez
El pasado 22 de junio los miembros de la Alianza de Protección a la Biodiversidad-Nicaragua presentaron y entregaron a un grupo de diputados una iniciativa de ley. Ésta es el Anteproyecto de Ley sobre Bioseguridad en Organismos Genéticamente Modificados (OGM). El esfuerzo apunta al establecimiento del marco jurídico nicaragüense en materia del uso de productos de la biotecnología. Debemos recordar que el creciente desarrollo de la ingeniería genética obliga al país a la adopción de normas nacionales de carácter científico en materia de evaluación y manejo de riesgos que resultan de la introducción intencional o no de OGM.
La iniciativa en referencia aporta en lo relacionado al movimiento nacional e internacional de todos los OGM, sus productos derivados y procesados; la regulación en la investigación de recursos genéticos con técnica de biotecnología; la experimentación con germoplasma, etc. En fin, todo lo relacionado con las actividades de OGM, incluyendo la clonación, producción de fármacos, bioseguridad en centros de atención médica y todos los procesos de la biotecnología moderna.
Esta propuesta ha generado algunas controversias. Particularmente porque su adopción está vinculada a múltiples normas del marco jurídico nicaragüense. Un especialista del Derecho la comparó infortunadamente como una especie de tsunami jurídico. Debemos reconocer y tomar conciencia que éste es un tema relativamente nuevo en nuestro país y que aparentemente es sólo para especialistas. Sin embargo, lo que está en riesgo es la vida y salud de las personas, ruptura en la armonía de la diversidad biológica y afectaciones económicas de diferentes actores sociales. En consecuencia, es un asunto de carácter nacional y compete a todos los nicaragüenses.
La sociedad nicaragüense debe estar informada adecuadamente de todas las implicaciones que se derivan del desarrollo de la ingeniería genética. El Gobierno de la República y los diferentes poderes del Estado tienen la responsabilidad del establecimiento de los marcos de seguridad de la biotecnología. La comunidad científica y docente de Nicaragua debe coadyuvar para que los nacionales tengamos el conocimiento de todas las implicaciones que se derivan del desarrollo de esta tecnología.
Es en este orden que la Alianza de Protección a la Biodiversidad-Nicaragua se dio a la tarea de la preparación cuidadosa de una iniciativa de ley que contribuyera al ordenamiento, evaluación y manejo de riesgos y administración adecuada para la introducción intencional o no de OGM. Se debe recordar que como resultado de un monitoreo para la detección de la introducción de OGM en la región, a mediados de febrero del 2005 se presentaron los resultados que evidenciaron la presencia de este tipo de producto. Potencialmente constituyen riesgos en la salud y vida de las personas y otros efectos colaterales.
Se suma a la controversia la posibilidad de que a corto plazo se ratifique el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Debemos tener presente que tratándose de un instrumento que desde el punto de vista jurídico tiene fuerza supranacional, Nicaragua está obligada al análisis, discusión y aprobación del marco regulatorio de seguridad de la biotecnología. Caso contrario la norma que prevalecería es la que dicte Estados Unidos. Una de las debilidades de Nicaragua es la fragilidad de sus normas jurídicas.
Urge que los señores diputados de la Asamblea Nacional sometan al debate el Anteproyecto de Ley sobre Bioseguridad en OGM y que Nicaragua adopte la norma que proteja a los nacionales. Previamente se debe analizar y debatir en la sociedad nicaragüense todas las implicaciones del caso, evitar impactos adversos y establecer un marco regulatorio que permita la conservación y el uso sostenible de la inmensa diversidad biológica de Nicaragua.
El autor es activista de la Alianza de Protección a la Biodiversidad-Nicaragua.
