- CSJ investiga, PDDH condena y Policía rastrea a Leyla Bucardo
José Adán [email protected]
La Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, anuló ayer el proceso con el que jueces y funcionarios de distintas instancias del Poder Judicial gestionaban la libertad para varias personas condenadas por el delito de lavado de dinero, supuestamente vinculadas al narcotráfico.
El magistrado Enrique Chavarría, presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), anunció ayer que esa Sala revocó todo lo actuado por el juez ejecutor Moisés Rodríguez, quien habría hecho gestiones para liberar al reo Jorge Eliécer González Hernández o Luis Ángel González Largo, su pareja Leyla Bucardo (quien salió libre) y otras personas detenidas y procesadas por lavado de dinero y otros delitos.
La magistrada Martha Quezada también confirmó que ese auto, que revoca las actuaciones del juez Rodríguez, ordena a la Policía la búsqueda, dentro y fuera de Nicaragua, de Leyla Bucardo, quien obtuvo su libertad mediante un recurso de amparo supuestamente elaborado por abogados allegados al subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín Ortel.
También informó que la Sala Penal Uno remitió un informe sobre el caso, al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El presidente de la CSJ, Manuel Martínez, confirmó ayer que ya recibió el informe, pero que no lo había leído.
Precisó que siguen los procedimientos de ley y, dependiendo del informe, “tomarán las medidas pertinentes, que no son al arbitrio de los miembros del Consejo, y si se observa que se incurrió en una simple falta se tramita a nivel interno”.
En cambio, “si se cree que hubo algún delito, es otra cosa, pero que depende de los informes que se proporcionen”, explicó.
El también presidente del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, dijo que ha llamado a algunos magistrados que le han explicado que se dio la tramitación de un recurso de exhibición personal a favor de un procesado cuyos términos establecidos en la ley para ser condenado, se habían vencido.
BUSCAN A LA MUJER
Fuentes de la Policía Nacional informaron ayer que a Bucardo, ahora prófuga, se le buscó ayer en Jalapa, donde unos familiares, pero no fue encontrada.
El juez Rodríguez rechazó ayer cualquier anomalía en su actuación y dijo que sólo cumplía con un mandato de los Tribunales de Apelaciones de Managua.
“Yo sólo cumplí con un mandato que me dieron los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua”, dijo Rodríguez, quien ha sido cuestionado por gestionar la libertad de Leyla Bucardo y Eliécer Hernández González o Luis Ángel González Largo, colombiano o guatemalteco, al que se le encontró 609 mil dólares en efectivo que no pudo demostrar de dónde los obtuvo.
“El recurso de amparo que me dieron los magistrados de la Sala Penal Uno establece claramente que yo debía intimar a los magistrados de la Sala Penal Dos, al Fiscal General, al director de Migración, al jefe del Sistema Penitenciario, a la jueza Sexto de Juicio y a cualquier otra autoridad”, argumentó Rodríguez.
JUEZ DEFIENDE LEYES
El juez, ya bajo investigación de la CSJ, argumentó que emitió la orden de libertad de la privada Leyla Bucardo, bajo la premisa de que había sido extraída de su circunscripción o juez natural, “algo que está prohibido en la Constitución”.
El caso se conoció luego que Pánfilo Orozco, abogado defensor del reo que estuvo a punto de salir de la Cárcel Modelo la semana pasada, mediante un recurso de exhibición personal, denunció que en la maniobra participó el subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín Ortel, y abogados que trabajan con él.
TORTURAS, DICE JARQUÍN
Jarquín Ortel negó ayer nuevamente estar vinculado al caso, tal y como se presenta (como una confabulación), pero confirmó que, efectivamente, habló con el reo colombiano o guatemalteco, pero que lo hizo por la recomendación de un funcionario del penal, quien le habría dicho que “alguien quería hablar sobre tortura”.
Jarquín Ortel asegura que él se presentó con González Hernández o González Largo, porque éste denunció que había recibido torturas y violación de sus derechos, en la cárcel.
El subprocurador de Derechos Humanos negó haber tenido alguna vez una conversación con la prófuga Bucardo, pero sí admitió que el abogado al que señalan de estar involucrado en el caso, Carlos Peña Sandoval, trabaja con él.
PDDH DE LEJOS
“Como subprocurador de Derechos Humanos, junto con mi equipo, hemos visitado las cárceles de todo el país y hablado con centenares de personas, pero no recomendamos a nadie cambios de abogados o estrategias legales, simplemente vemos si se le violan sus derechos humanos”, expresó Jarquín Ortel, quien de paso anunció que no conoce al abogado Pánfilo Orozco, pero que buscará pruebas de sus denuncias para enfrentarlo conforme la ley.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió un comunicado en que toma distancia de la participación de funcionarios de ese ente, en gestiones a favor de personas vinculadas al narcotráfico.
