Miguel González yDolores Figueroa
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La victoria de Yatama
Miguel González y
Dolores Figueroa
El pasado 23 de junio la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una importante sentencia en relación con la demanda presentada por Yatama, la organización política mayoritariamente miskita de la Costa Caribe, por la violación de sus derechos políticos al ser excluidos de participar en las elecciones municipales del 2000.
La sentencia de la CIDH encontró como responsable al Estado de Nicaragua por la violación del derecho a las garantías y protección judiciales, así como los derechos políticos y el derecho de igualdad ante la ley reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “en perjuicio de los candidatos propuestos por Yatama”.
En sus puntos conclusivos la sentencia de la CIDH indica que el Estado nicaragüense debe reformar la Ley Electoral “de manera que regule con claridad las consecuencias del incumplimiento de los requisitos de participación electoral”, así como reformar la regulación de los requisitos dispuestos en dicha Ley “declarados violatorios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para que los miembros de las comunidades indígenas y étnicas puedan participar en los procesos electorales en forma efectiva y tomando en cuenta sus tradiciones, usos y costumbres”.
La exclusión de Yatama formaba parte de un acto deliberado y excluyente, calculado cuidadosamente por los partidos del pacto, el FSLN y el PLC desde mediados de 1999 y consumado con la reforma a la Ley Electoral en enero del 2000. La trascendencia de la sentencia debe así ser vista como una importante victoria nacional democrática en contra de las acciones que los partidos del pacto han venido fraguando para imponer las decisiones de sus caudillos sobre el derecho a la libertad y la participación política de los nicaragüenses.
La sentencia es también un justo reconocimiento a la persistencia de Yatama por constituirse hoy día como la más importante organización política autónoma costeña, de base indígena y comunitaria —hoy gobernando tres alcaldías y presidiendo el gobierno de la Región Autónoma del Atlántico Norte— y al profesionalismo de las organizaciones civiles de los derechos humanos (el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, CENIDH, y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL) que les acompañaron en su demanda contra el Estado de Nicaragua.
Cabe recordar asimismo que en el 2001 la CIDH emitió una sentencia condenatoria al Estado de Nicaragua en el caso de la comunidad Mayangna de Awastingni, por haber violado el derecho de propiedad de la comunidad como consecuencia tanto del otorgamiento de una concesión de explotación forestal en su territorio, como de la falta de una respuesta adecuada a la demanda de titulación.
Ambas sentencias han expuesto las arbitrariedades, injusticia y el uso discreto de la legislación con que los gobiernos y las elites políticas nicaragüenses se han conducido y se siguen conduciendo en relación con su trato a las comunidades y pueblos indígenas de la Costa Caribe. El derecho internacional y la defensa de nuestro régimen de autonomía parecieran ser los recursos más valiosos con que contamos los costeños para hacer escuchar nuestras voces, y denunciar las violaciones sistemáticas a nuestros derechos.
La sentencia de la CIDH en el caso de la demanda de Yatama parece expresar con claridad el mensaje que recientemente transmitió el Informe de Desarrollo Humano 2005. Las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, elaborado por el PNUD: “Los habitantes de las regiones autónomas quieren ser actores del progreso y de la democracia nicaragüenses. Pero quieren serlo desde lo más propio y valioso: desde su memoria, sus identidades, desde su historia, la particularidad de sus entornos físicos y desde la urgencia de sus propios problemas y desafíos”, así como desde sus propias formas de organización política.
La victoria de Yatama en la Corte Interamericana es, así, una victoria nacional antipacto, democrática, indígena y costeña.
Los autores son docentes de URACAN y candidatos doctorales por York University, Toronto, Canadá.
