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La sociedad armada
La Policía Nacional presentó esta semana un informe sobre la cantidad de armas que ha entregado la población en cumplimiento de la recientemente aprobada Ley 510 (Ley para el control y la regulación de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados).
De acuerdo con la información, en el transcurso de cinco de los seis meses que la ley estableció como plazo para que los poseedores ilegales de armas las entregaran a la autoridad, o legalizaran su posesión, sólo 419 armas de fuego fueron entregadas voluntariamente, junto con 531 explosivos, más de 16 mil municiones y 283 magazines. Además, el informe señala que “las oficinas de servicios policiales del país legalizaron 16 mil armas de uso civil que no estaban en los registros de la Policía, y 15 mil dueños renovaron sus licencias de portación, las cuales estaban vencidas”.
Según se desprende del informe ha sido mucho menor la cantidad de armas entregadas voluntariamente que las decomisadas por la Policía: “1,363 armas de fuego, entre las cuales destacan 759 fusiles de guerra, tres lanza granadas, 61 armas hechizas y 540 armas de uso civil, así como 131 granadas de mano y 31 granadas M-79, entre otros”.
Al respecto se informó también que antes de que se aprobara la Ley de Armas, la Policía tenía registradas unas 100 mil armas en manos de civiles, y que según estudios centroamericanos por cada arma reconocida legalmente existe otra de manera ilegal. O sea que teóricamente en el país había por lo menos 200 mil armas ilegales, de las cuales sólo se recuperaron y legalizaron 17,702. Lo cual indica que más de 180,000 armas de fuego, muchas de ellas de guerra, permanecen en manos de civiles, algunas para fines estrictamente defensivos pero muchas otras seguramente para cometer cualquier clase de crimen.
Algunos analistas consideran que el armamentismo civil es consecuencia de la violencia política y las guerras civiles que el país ha sufrido a lo largo de toda su historia, pero con mayor intensidad en los últimos 30 años. Al respecto cabe recordar que cuando terminó la última guerra civil, en 1990, una enorme aunque no especificada cantidad de armas fue distribuida entre los seguidores civiles del Frente Sandinista.
Aquella irresponsable distribución de armas se hizo supuestamente para defender “las conquistas de la revolución”, pero en realidad sirvieron para respaldar —mediante la perpetración de asonadas y crímenes como los asesinatos del ex comandante en jefe de la Resistencia Nicaragüense, coronel Enrique Bermúdez, el 16 de febrero de 1991; y del vicepresidente del Cosep, Arges Sequeira, el 23 de noviembre de 1992; así como el asesinato del subcomisionado de la Policía, la toma armada de Estelí y el secuestro del Consejo Político de la UNO, en 1993—, la estrategia revolucionaria que proclamó el líder sandinista Daniel Ortega para “gobernar desde abajo”, de manera paralela a los gobiernos democráticos electos desde 1990 hasta ahora.
Ahora bien, a estas alturas del tiempo la mayor parte de las armas que están ilegalmente en poder de personas civiles no se usan con fines políticos, sino para actividades de la delincuencia común, pero también para defensa personal y protección domiciliar, ante el aumento de la criminalidad y la falta de recursos de la Policía Nacional para combatirla y disuadirla de manera más efectiva.
En realidad, el fenómeno de que muchas personas se arman incluso de manera ilegal, para protegerse de la delincuencia, es de dimensión internacional y obedece a una situación social de la que ya hace mucho tiempo advirtió el pensador y político inglés John Locke (1632-1704): que la ausencia de una autoridad a quien apelar le da al hombre el derecho de usar la violencia para defenderse. Lo cual ocurre efectivamente aunque las personas armadas no sepan nada del señor Locke.
Como sea, lo que se desprende del informe sobre el armamento en poder de la población civil de Nicaragua es que se debe continuar el programa de desarme voluntario, pero al mismo tiempo hay que reforzar la acción policial de decomiso de armas, que obviamente es más efectivo. Y fortalecer la capacidad de la Policía Nacional para que cumpla mejor sus funciones de guardián del orden público y protectora de la seguridad de los ciudadanos comunes y corrientes.
