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La lucha por el turismo
Los empresarios de la industria turística de Nicaragua están enfrascados en una gran batalla con la Asamblea Nacional, por la demanda de que sean restituidas las exenciones de impuestos para incentivar el desarrollo del turismo nacional, que fueron suprimidas recientemente por medio de una reforma a la Ley de “Equidad” Fiscal, la misma con la que los legisladores sandinistas y liberales impusieron cargas fiscales a los medios de comunicación social, violando la disposición constitucional que se dictó en 1995 para proteger el ejercicio de la libertad de expresión.
Ahora los diputados libero-sandinistas también tienen paralizado un proyecto de ley para la creación de los Bonos de Inversión Turística, y al mismo tiempo están tramitando una ley de costas marítimas que afectaría gravemente los proyectos ya establecidos en algunos balnearios del país e impediría que se sigan instalando hoteles y demás atracciones de playa. O sea que los diputados están disparando a matar contra la industria turística de Nicaragua. Están obsesionados por imponer más cargas tributarias para sacar más dinero de los contribuyentes, y en su obsesión pierden de vista que entre más impuestos ponen menos se recauda, porque inevitablemente disminuyen las actividades que generan ingresos.
La lucha de los empresarios turísticos es de amplio y legítimo interés nacional. Tal como se ha informado en los últimos días por medio de LA PRENSA, más de 100 proyectos turísticos que suman inversiones por casi 300 millones de dólares, se encuentran paralizados a raíz de que hace más o menos un mes entraron en vigencia las últimas reformas fiscales. Y más de seis mil nuevos empleos que estaban previstos a crearse con esos proyectos quedaron en veremos por las mismas razones.
Pero, además, las agresiones legislativas contra la industria turística tienen otro efecto devastador, como es el de desacreditar al país como destino de la inversión extranjera, pues no se puede confiar en un país en donde se cambian las reglas del juego económico cada vez que a los políticos se les antoja. De manera que los inversionistas escogen otros destinos turísticos que ofrecen parecidos, iguales o mejores atractivos naturales, y además favorables condiciones fiscales establecidas por políticos que sin duda son mucho más inteligentes y nacionalistas que los de Nicaragua.
En realidad, gracias a la Ley de Incentivos a la Industria Turística, promulgada en 1999 y reformada posteriormente mediante la Ley de Equidad Fiscal del 2003, el ingreso nacional por turismo creció notablemente en los últimos cinco años. Y podría seguir creciendo en el caso de que se restablecieran esos incentivos y si, además, se aprobara la Ley de Bonos de Incentivo Turístico y se rechazara la iniciativa de ley contra los hoteles y otras instalaciones turísticas en las playas del país.
El turismo es una magnífica fuente de ingreso y desarrollo para cualquier país rico o pobre que lo sabe aprovechar de manera apropiada. Pero con mayor razón la industria turística es importante para los países menos desarrollados. Según la Organización Mundial de Turismo, en el mundo desarrollado los ingresos por turismo —en relación con el resto de los servicios— representan el 28 por ciento, mientras que en los países en desarrollo el porcentaje es 44 por ciento y en los menos desarrollados su importancia es mucho mayor: 70.6 por ciento del total de los ingresos por servicios. La importancia relativa del turismo en las exportaciones totales oscila entre 8 y 11 por ciento, lo que da una idea de la importancia de la industria turística para los ingresos y el desarrollo de cualquier país.
Pero hay que reconocer que no todos los diputados están en contra de la industria turística. Algunos tienen una buena comprensión del problema, incluyendo al diputado sandinista, Tomás Borge Martínez, quien preside la Comisión de Turismo de la Asamblea Nacional . ¿Y por qué los demás no lo podrían comprender?
Todos los diputados a la Asamblea Nacional deberían reconocer que son justas las demandas de los empresarios turísticos. Y en consecuencia deben devolverles los incentivos que les arrebataron, aprobar sin más tardanza la Ley Creadora de los Bonos de Incentivos Turísticos y mandar al cesto de la basura la iniciativa de ley contra los hoteles y otros negocios turísticos establecidos en las costas de Nicaragua.
Los ciudadanos le agradecerían mucho a los diputados si dejaran aprobar leyes que en vez de beneficiar al país apuntan a causarle más daños.
