Ana Murillo Argüello
Hace unos días conversé con una colega periodista sobre las formas de represalias y amenazas a las que están sujetos algunos colegas. Es preocupante enterarse que existan periodistas del Diario LA PRENSA, que están amenazados de muerte e incluso algunos enfrentándose a juicios por el delito de injurias y calumnias, lo que evidencia una vez más la fragilidad en que se encuentra el derecho a la libertad de prensa y expresión en nuestro país.
La prensa ha jugado y seguirá jugando un papel muy importante en el transcurso de la historia; los periodistas valientemente informan a la sociedad de temas de violación a los derechos humanos, corrupción, tomas de tierra, narcotráfico, desigualdades sociales, desastres naturales, entre otros temas.
La Constitución Política de la República es clara en su capítulo III Arto. 66: “Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
Por lo tanto, a quien no le guste que se le señale por actuar en contra de lo que establece la ley, que no actúe indebidamente, el gremio periodístico permanecerá fiel a los principios éticos y deberes profesionales.
Basta de querer callar la verdad, basta de amenazas y represalias en contra de nuestros colegas, no es justo que se siga pagando con nuestra sangre el compromiso de informar con la verdad y libertad.
No puede existir prensa libre si los periodistas se ven limitados en sus actos para obtener información oportuna y completa, las restricciones que se han impuesto a los medios de comunicación deben rechazarse por cuanto obstaculizan la difusión libre de informaciones y opiniones.
La libertad de prensa y expresión son derechos inalienables, pertenecen a cada uno de los seres humanos, la ausencia de esta libertad viola el derecho individual y conduce a una sociedad sin libertad.
El principio número diez de la Declaración de Chapultepec establece que: “Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra grupos de poder”.
Por lo tanto, corresponde al gremio periodístico y dueños de medios de comunicación en asegurar y exigir con firmeza el derecho a informar libre y responsablemente.
“La mejor ley de prensa es aquella que no existe, porque no existe mejor regulador que un público informado”.
La autora es Relacionista Pública de la CPDH.
