Luis A. Navarro Urroz
La crisis institucional actual en Nicaragua se deriva de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de dos leyes diferentes en dos legislaturas, que pretenden reformar la Constitución Política del país, para que, acompañada con otras leyes derivadas de las mismas reformas, restarle poder al Presidente de la República y reducirle su campo de acción social, política, económica y administrativa.
En definitiva, es un antagonismo, es una lucha entre dos poderes del Estado, constituidos ambos legalmente según la Carta Magna vigente en el año 2001. Si para remediar la situación de caos nacional fuera necesario la búsqueda de soluciones consensuadas, los miembros de la comisión que pueda nombrar el Poder Ejecutivo deberían reunirse con los miembros de la comisión que pueda nombrar la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, tal vez unos tres o cuatro diputados, o seis, no importa y tal vez hasta se respeta la famosa proporcionalidad partidaria.
Lo que sí nos importa como pueblo es que la reunión, aunque le llamen diálogo, sea entre dos iguales, de poder a poder. Nunca antes debió haber sido: Poder Ejecutivo vs. partidos políticos, esto ha sido para mí, inaudito, por muy mayoritarios que sean en la AN. Nadie duda que tal vez los señores diputados que nombrara la directiva de la Asamblea sean los mismos que hasta hoy han asistido a las reuniones, pero a partir de ahora se deberán reportar oficialmente a la Asamblea, y no a sus líderes políticos.
Finalmente, aunque el doctor Noel Ramírez se llene la boca diciendo que el PLC no va a tener la descortesía de retirar su apoyo al ex Arzobispo de Managua, testigo silencioso del diálogo, ni ofenderá a la Iglesia Católica, es oportuno recordarle al doctor Ramírez que Su Eminencia, en esta ocasión no ha jugado un papel positivo a favor del pueblo nicaragüense que mira desangrarse en medio de los pleitos de los políticos, y él, tan callado como si nunca vio ni oyó ni supo nada de nada en el diálogo.
Además, nunca ha estado representando a la Iglesia Católica del país. Ha estado como individuo, como persona, como nicaragüense, y por favor no olvide que entre tantos cientos o miles de connacionales, hay grandes notables capaces de cumplir mejor con la responsabilidad de testigo y/o facilitador. Qué importa el nombre. Lo que no debe haber es garante, pues en Nicaragua en materia política, nadie puede garantizarle nada a nadie.