La visita a Nicaragua del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, durante los últimos días de la semana pasada, sirvió al menos para que el Gobierno y el FSLN comenzaran a presentar sus respectivas propuestas de solución al conflicto institucional.
En realidad, el solo hecho de que el Secretario General de la OEA anduviera de arriba hacia abajo durante más de tres días, como un verdadero promotor del diálogo político, y que con esa buena voluntad obligara a los contendientes nicaragüenses a presentar algunas propuestas preliminares, significó un avance. Peor hubiera sido que, como amenazó Daniel Ortega, el FSLN y el PLC ni siquiera hubieran recibido a la misión de la OEA.
Ahora bien, el Presidente propuso un referendo para que sean los ciudadanos quienes acepten o rechacen las controversiales reformas constitucionales que aprobaron en enero pasado los sandinistas de Daniel Ortega y los liberales de Arnoldo Alemán, y las cuales desequilibran las relaciones entre los poderes del Estado, y socavan las bases democráticas del sistema de gobierno del país.
La propuesta presidencial es legítima, sin duda, pues precisamente para que la población pueda aprobar o rechazar democráticamente decisiones gubernamentales de gran trascendencia, fue que el plebiscito y el referendo se incluyeron en la Constitución. Y en este sentido tiene razón Daniel Ortega, al decir que la ratificación del TLC con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta) debería ser sometida a un referendo.
En realidad, el plebiscito o el referendo (cualquiera de los dos mecanismos de consulta popular cabe en este caso) podría celebrarse en base a dos preguntas muy concretas: 1) ¿Está usted de acuerdo con las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional en enero del 2005, sí o no? 2) ¿Está usted de acuerdo con que Nicaragua forme parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), sí o no?
Por su parte, Daniel Ortega propuso adelantar las elecciones nacionales para recortar el período del presidente Bolaños. Esta propuesta se diferencia radicalmente de la del presidente Bolaños, en que el plebiscito y el referendo están contemplados en la Constitución, pero recortar el período del Presidente no es constitucional.
Sin embargo, si hay voluntad y verdaderos mediadores y garantes del diálogo, como demostró Insulza tener capacidad para serlo, cualquier obstáculo se puede resolver. Al respecto es muy positiva la actitud que asumió ayer el presidente Enrique Bolaños, al aceptar en principio el adelanto de las elecciones nacionales, para que junto con el referendo se elija a un nuevo Presidente de la República, y otra Asamblea Nacional que tenga la atribución de redactar una nueva Constitución y de cambiar la composición de la Corte Suprema de Justicia y demás poderes del Estado.
En realidad, no se podría encontrar una mejor salida institucional que ésta. Y para viabilizarla bastaría con aprobar una reforma constitucional en diciembre de este año (primera legislatura), ratificarla en enero del 2006 (segunda legislatura), y convocar el referendo y las elecciones para febrero del próximo año.
Así se hizo en 1989, cuando como consecuencia de los acuerdos de los presidentes centroamericanos en Tesoro Beach, El Salvador; y del diálogo nacional de la oposición con el Gobierno sandinista en Nicaragua, se acortó el período presidencial del dictador Daniel Ortega y se facilitó la salida a la crisis de aquel momento mediante las elecciones del 25 de febrero de 1990.
Ahora bien, es indispensable que el acuerdo para celebrar el referendo y anticipar las elecciones nacionales incluya la reestructuración previa del Consejo Supremo Electoral, así como garantías de que el proceso electoral será limpio, competitivo y supervisado internacionalmente. Y del mismo modo se debe asegurar que los partidos escojan en elecciones primarias a sus candidatos y que todos y cada uno de los diputados sea electo directamente por los ciudadanos, en sus correspondientes circunscripciones electorales.
Y que el pueblo decida. Lo cual de todas maneras lo tendrán que hacer los ciudadanos, por las vías de hecho, en las calles como el 16 de junio, en el caso de que los políticos continúen impidiendo la solución del conflicto mediante un procedimiento institucional genuinamente democrático, como sería el de elecciones y referendo verdaderamente libres, limpios y competitivos.
