Alejandro Serrano Caldera
Nicaragua atraviesa una de las crisis políticas más agudas y peligrosas de los últimos tiempos, cuyas raíces se remontan al primer pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán en 1999 y a la Reforma Constitucional que lo consagró en el año 2000.
El acuerdo de ambos líderes ha tenido y tiene por objeto garantizar el poder a través de un mecanismo de llaves y candados necesariamente complementario e implacable, que va de la Asamblea Nacional a los partidos políticos y a las cúpulas partidarias respectivas, hasta llegar a la fuente misma del poder constituida por ambos liderazgos personales y autoritarios.
No obstante el dispositivo institucional instalado y su extensión a los otros poderes del Estado, en los años 2002 y 2003 se produjo la ruptura del acuerdo, a consecuencia de las intenciones del ex presidente Alemán de gobernar desde la presidencia de la Asamblea Legislativa, donde había llegado como diputado a resultas del pacto antes mencionado. Tal actitud rompía por un lado el equilibrio de poderes personales convenidos con el FSLN, y por el otro, impedía al presidente Bolaños iniciar adecuadamente el ejercicio de su mandato presidencial.
Bolaños y Ortega, afectados por las intenciones del ex Presidente, se unieron en un acuerdo que llevó, entre otras cosas, al retiro de la inmunidad del hasta entonces presidente de la Asamblea, lo que dio paso al proceso incoado en su contra, al auto de prisión y a la sentencia condenatoria de 20 años.
El entendimiento entre el Presidente de la República y el secretario general del FSLN terminó, cuando el Presidente intentó, sin lograrlo, recomponer una nueva base de poder, estableciendo un acercamiento con el PLC sin Arnoldo Alemán.
La imposibilidad de acuerdo con el PLC y la ruptura con el FSLN, dejó aislado al Presidente de la República y condujo a esas fuerzas políticas al pacto del 2004, continuación de 1999, en el que, ambas tratan de adueñarse, esta vez, del Poder Ejecutivo, mediante las reformas a la Constitución aprobadas en enero del 2005, dentro de cuyo marco se producen las leyes creadoras de la Superintendencia del Servicio Público, Sisep, y del Instituto de la Propiedad Urbana y Rural (Inprur), entre otras.
A partir de ese momento, Nicaragua ha contemplado estupefacta una serie de alteraciones del orden jurídico que ha desnaturalizado el sistema legal, principalmente el constitucional, deformando el derecho, al transformarlo de un instrumento de armonía y cohesión social, de la ?forma de las formas sociales?, como enseña el maestro Recaséns Siches en su Filosofía del Derecho, en un ariete para las encarnizadas batallas políticas, revestidas de una aparente como falsa legalidad.
Acuerdos que se convienen y no se cumplen; disposiciones incluidas en la Constitución que se violentan, en las que se establece el consenso como condición para poder aplicar las reformas; artículos aprobados en segunda legislatura sin observar el requisito constitucional de haber sido considerados en la primera; leyes vetadas ante las que la Asamblea ni rechaza ni acepta el veto como dispone la Constitución, sino que lo congela; leyes que son mandadas a publicar a pesar del veto; reformas totales presentadas como parciales que cambian el sistema político establecido en la Constitución; reformas constitucionales que rompen el equilibrio de poderes; sentencias de la Corte Centroamericana que declara nulas las reformas y de la Corte Suprema de Justicia que niega la competencia de aquélla.
En fin, una profunda incertidumbre constitucional que parte a Nicaragua en dos, con dos sistemas jurídicos, dos constituciones, dos cortes, dos sentencias, dos organismos de servicio público, dos cuerpos de funcionarios para atenderlos, dos poderes del Estado confrontados abiertamente y parapetados y armados con sus sentencias, leyes y constituciones respectivas.
Ante esta situación, resulta obvia la imposibilidad de una solución por la vía del derecho y la necesidad de una solución política que requiere la voluntad de los actores y responsables de la crisis y la creación de un mecanismo apropiado que haga posible, cuando menos, el primer paso en un camino que conduzca a un mínimo de estabilidad.
Al analizar la crisis, se debe tener en cuenta la urgencia de evitar una situación cuyas consecuencias se tornen incontrolables, para luego, y una vez impedido lo peor, buscar las soluciones estratégicas a los severos problemas que afectan al país. Vistas así las cosas, pensamos que es imprescindible iniciar un nuevo diálogo sobre las siguientes bases: 1) incluir a la OEA, aprovechando la visita del secretario general de este organismo, junto a los testigos y garantes que ya existen, sin sustituir ni excluir a ninguno; 2) ampliar el mandato de los testigos y garantes a verdaderos mediadores con la facultad de facilitar posibles puntos de entendimiento; 3) establecer por escrito junto a los garantes, testigos y mediadores el documento sobre mecanismos operativos del diálogo; 4) definir en forma precisa los alcances y el concepto del ?Consenso?; 5) atribuir a los garantes testigos y mediadores, de forma exclusiva, la facultad de informar oficialmente a la ciudadanía acerca de los acuerdos u obstáculos del diálogo.
Por otra parte, y tal como lo consideran algunas personas y organizaciones de la sociedad civil, creemos necesario instalar un diálogo alternativo de la ciudadanía en la forma de un foro permanente, completamente independiente del Gobierno y los dos partidos políticos, que establezca su agenda con plena autonomía y discuta y presente en total libertad sus propias propuestas estratégicas sobre los grandes problemas de la vida nacional.
El autor es miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA.
