Como es del conocimiento público, el martes de la semana pasada (31 de mayo del año 2005 en curso) entró en vigencia la Ley No. 528, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 453, Ley de Equidad Fiscal, al ser publicada en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua, por orden del Presidente de la República.
La Ley 528 había sido aprobada por la Asamblea Nacional hace dos meses, pero el presidente Enrique Bolaños la vetó parcialmente debido a que en su artículo 17 impone cargas fiscales contra los medios de comunicación por la adquisición de materias primas, insumos y equipos, con lo cual se atenta contra la libertad de prensa y además se viola flagrantemente la Constitución Política de la República, que en su artículo 68 exonera a los medios de comunicación social de pagar impuestos por esos conceptos, con el fin expreso de proteger la libertad de prensa de presiones gubernamentales a través de presiones fiscales.
El Presidente explicó que se vio obligado a ordenar la publicación de ese proyecto de ley que estaba vetado (a pesar de que en estricto derecho el titular del Ejecutivo no podía mandar a publicarlo, porque de acuerdo con el procedimiento constitucional, lo único que se puede hacer cuando hay un veto es que la Asamblea Nacional lo acepte o lo rechace) para no seguir impidiendo la recaudación tributaria que se determina en dicha ley, la cual es indispensable para cubrir el déficit presupuestario que fue aumentado por los diputados del FSLN y el PLC al aumentar el gasto corriente por encima de lo que el Gobierno había acordado con el FMI.
Al mismo tiempo, y supuestamente para aliviar el grave golpe económico que significa para los medios de prensa la entrada en vigencia de la Ley 258 con el artículo 17 que los castiga con gravosas cargas fiscales, el Presidente de la República envió también a la Asamblea Nacional —con solicitud de trámite de urgencia— una iniciativa de “Ley de Promoción y Protección a los Medios de Comunicación Social”, la cual, como dijimos en esta misma columna editorial en nuestra edición del miércoles 1 de junio corriente, era “como un premio de consolación que no tendrá ningún valor efectivo, porque los diputados no la aprobarán y probablemente ni siquiera la van a considerar”.
En efecto, de inmediato los líderes de la Asamblea Nacional rechazaron el trámite de urgencia solicitado por el Presidente de la República para la mencionada iniciativa de ley y dijeron que sería considerada hasta que ellos quisieran, o sea, nunca. Además, si le dieran trámite sin duda que sería únicamente para rechazarla.
Por otro lado, el supuesto interés del presidente Bolaños en defender la libertad de prensa ante los atropellos de los diputados sandinistas y liberales, se puso en entredicho el mismo día en que mandó a publicar la Ley 528, al reformar también su Reglamento a fin de facultar a la Dirección General de Ingresos y la Dirección General de Aduanas para que comenzaran a imponer las inconstitucionales cargas fiscales contra los medios de comunicación.
Si en verdad el presidente Bolaños quería defender la libertad de expresión del mazazo de la “ley Arce” que está implícito en el inconstitucional artículo 17 de la Ley 528, y en realidad estaba obligado a ceder ante los diputados libero-sandinistas, por lo menos debió reservarse la reforma al Reglamento para tener algo con qué negociar en su conflicto con la Asamblea Nacional y los coaligados partidos FSLN y PLC. Sin embargo, lo que hizo el presidente Bolaños —como lo hicieron ver por medio de LA PRENSA algunos juristas que fueron consultados al respecto— fue actuar “oficiosamente como un “operador” de la “ley Arce”, ya que la reforma a la Ley de Equidad Fiscal aprobada por la Asamblea no establece que debe reglamentarse”.
En fin, es seguro que con el producto de los impuestos inconstitucionales que le cobrará a los medios de comunicación, el Gobierno no resolverá el problema económico de Nicaragua, ni siquiera el déficit presupuestario aumentado por la irresponsabilidad de los diputados. Sin embargo, a los medios de comunicación, sobre todo a los de más envergadura y por eso mismo de mayor credibilidad —y que por cierto son precisamente los que denuncian la corrupción y demás abusos de poder— les causarán un grave daño, que es precisamente lo que quieren hacer los diputados libero-sandinistas por medio de la “ley Arce” y a lo cual se ha prestado de manera poco digna el presidente Enrique Bolaños Geyer.
