- Presidente Enrique Bolañosautoriza incremento de 11.83por ciento en tarifa de luz
- Gobierno asegura que el aumento será para quienes consuman más de 150 kilowatts/hora al mes
Moisés Martínez yMaría José Uriarte [email protected]
Los continuos apagones registrados el fin se semana pasado provocaron que la batalla política entre los poderes Legislativo y Ejecutivo entre a su etapa más cruda, luego que el presidente Enrique Bolaños ordenó un incremento del 11.83 por ciento en la tarifa de la luz, el cual entrará en vigencia luego de su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Esto significa que la próxima factura que se reciba en los hogares que consumen más de 150 kilowatts/hora al mes, reflejará dicho aumento.
El incremento en la tarifa energética es sólo el primer paso de una serie de medidas que el Ejecutivo pretende implementar como parte del Estado de Emergencia Económica que decretó ayer al mediodía.
Posteriormente, en horas de la tarde y amparados en el Estado de Emergencia Económica, la Presidencia de la República dio a conocer dos decretos para autorizar el incremento en la factura de la luz, del 11.83 por ciento.
El primer decreto (33-2005) reformó el artículo 176 de la Ley de Industria Eléctrica, estableciéndose que el Presidente podrá decretar estado de alerta y ahorro energético, facultándolo a autorizar incrementos tarifarios de emergencia económica vigentes por un año, el cual podrá prorrogarse si las causas que ameritaron el aumento persisten.
Posteriormente, la Presidencia emitió el Decreto 34-2005 con el cual se establece el Estado de Emergencia Económica, y finalmente con el Decreto 35-2005, Bolaños autoriza el incremento tarifario y establece que éste no afecte a los consumidores de menos de 150 kilowatts/hora, que según el Gobierno representan un 75 por ciento del total de usuarios del servicio.
La idea de esta medida es oxigenar financieramente a la distribuidora eléctrica Unión Fenosa, para que ésta cumpla con el pago a las generadoras energéticas y de esta forma se acabe con el severo déficit energético que actualmente atraviesa el país.
Se esperaba que hoy los apagones, advertidos por LA PRENSA durante toda la semana pasada, se agudizaran, tomando en cuenta que a medida que la demanda aumentaba, también lo hacía el déficit energético.
Reportes de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Entresa) señalan que ayer cuatro generadoras estaban fuera de operación: dos de la Generadora Occidental S.A. (Geosa), la Empresa Energética de Corinto y la de Cemsa Amfels.
Sin embargo, Humberto Salvo, director de Entresa, explicó que con la entrada en operaciones en la tarde de ayer de la turbina de gas de la Generadora Central (Gecsa), la cual pertenece al Gobierno, se podría estabilizar el sistema energético, dado que representa unos 40 megavatios de energía.
Se estima que con la entrada de Gecsa, más lo que se pueda comprar en el mercado energético, se podrá mantener estable el fluido eléctrico hasta que Fenosa se ponga en regla con el resto de las generadoras privadas, ahora que ya se le autorizó un incremento tarifario.
CONCESIONES A FENOSA
Además del incremento tarifario, se estableció que mensualmente se revisaría la tarifa de luz para que ésta se ajuste en correspondencia con el comportamiento de los precios del búnker fuel oil, hidrocarburo con el cual se genera el 80 por ciento de la energía del país.
Asimismo, para darle a Fenosa la capacidad para poder negociar nuevamente con las generadoras, se autorizó el traspaso de los 5.6 millones de dólares de las utilidades de la hidroeléctrica estatal Hidrogesa, a la distribuidora eléctrica.
Asimismo a Fenosa se le perdonarán temporalmente las deudas por incumplimiento de pago por compra de energía a las generadoras estatales Gecsa e Hidrogesa, lo cual representa más de diez millones de dólares.
PLAN B
De esta manera, el presidente Enrique Bolaños ejecutó el “Plan B” que de forma escueta mencionó la semana pasada.
Otro de los aspectos que pretenden las medidas adoptadas por el gobernante, es que no se suspenda el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que a inicios de junio se tiene que presentar un informe de enfoque monetario, donde se establezcan soluciones para cerrar la brecha del déficit presupuestario.
El mandatario justificó su decisión ante la falta de un Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) que pueda resolver la situación de la crisis energética, por la falta de elección de los miembros de parte de la Asamblea Nacional, y por ello, tuvo que asumir esa facultad.
El mandatario tiene un plazo de 72 horas para enviar a la Asamblea Nacional el Decreto de Estado de Emergencia Económico.
“Si la Asamblea (Nacional) lo rechaza, volvemos a la misma situación que teníamos hace una hora (ayer), apagones, pérdidas de empleo, peligro para el país, más hambre, ninguna lucha contra la pobreza y las necesidades del nicaragüense; espero que no lo hagan, porque dañarían al país”, estimó Bolaños.
Reconoció que la implementación de esas medidas conlleva que su administración tenga que “pagar cierto costo” con el incremento en las tarifas del servicio de energía, pero que era su obligación hacerlo para evitar situaciones extremas.
Agregó que Nicaragua corría el riesgo de afectaciones serias para la economía, de implementarse los racionamientos, porque incidiría negativamente en cada uno de los sectores productivos.
60 MILLONES MENOS
El ministro de Hacienda, Mario Arana, señaló que la actitud de los parlamentarios al no decidirse a aceptar o rechazar el veto enviado por el Ejecutivo a las reformas a la Ley de Equidad Fiscal, evitaba la recaudación de unos 60 millones de córdobas mensuales.
“Que esto abra la posibilidad de negociar lo que nos hace falta, porque otro asunto es que se ha venido utilizando el tema energético y el tema del programa con el FMI como un mecanismo de presión para dirimir lo que son los conflictos políticos institucionales”, precisó Arana.
“Yo creo que esos conflictos tienen su tiempo, y realmente los tendremos que resolver en una mesa de negociaciones, pero no podemos estar utilizando la economía de los nicaragüenses ni el empleo como un arma de presión”, añadió el funcionario.
USUARIOS SIN RECURSOS
Los usuarios de la energía eléctrica no tienen posibilidad alguna de recurrir contra la decisión del presidente Enrique Bolaños de decretar una emergencia económica para aliviar la crisis energética, mediante el aumento en la tarifa del 11.83 por ciento.
Según el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Francisco Rosales, la ley no permite introducir ningún recurso legal contra un decreto como éste, y el Presidente goza de esa facultad porque la Constitución se la da.
La Constitución establece como causas para decretar un estado de emergencia, cuando el país sobrevive una catástrofe natural, por problemas económicos, es decir cuando la política económica está en juego o cuando la seguridad del país lo requiere.
En este caso, el magistrado consideró que sólo el tema de la energía en realidad no sería suficiente argumento para decretarse la emergencia.
“Él (presidente Bolaños), para justificarse, da a vincular sin duda alguna el hecho de que no hay una ley en este momento en la Sisep (Superintendencia de Servicios Públicos), aunque fue aprobada pero que él finalmente no la vetó. Desde ese punto de vista, lo que pretende en estos tres días es gobernar por decreto, entonces decreta el incremento para que Unión Fenosa no cobre la garantía, eso debe ser”, concluyó Rosales.
MEDIDAS VÁLIDAS
Las disposiciones que dictara el presidente Enrique Bolaños, antes que el parlamento pueda ratificar, rechazar o modificar el Decreto de Estado de Emergencia Económica emitido ayer, tendrán toda la validez jurídica, según el constitucionalista Gabriel Álvarez.
“Es decir, el hecho de que eventualmente la Asamblea Nacional rechace el Decreto de Estado de Emergencia (Económica), no significa que se caen los efectos jurídicos de los actos que el Presidente haya tomado en estos tres días”, sostuvo.
“Es decir, cualquier medida que produzca efectos jurídicos, solamente puede dejar de producirlos con actos expresos, o sea que no es necesario esperar a que sea ratificado por la Asamblea, para que el Presidente dicte los actos pertinentes”, agregó.
El parlamento, controlado por sandinistas y liberales que se oponen al presidente Bolaños, tiene un plazo de 72 horas para ratificar, rechazar o modificar el Decreto de Estado de Emergencia.
ES “SALUDABLE”
Álvarez anotó, sin embargo, que las acciones que pueda dictar Bolaños deben estar dentro de sus potestades ordinarias, lo que establece la Ley de Emergencia y el decreto de ayer.
“Por tanto, todas las disposiciones que dicte el Presidente, en virtud de lo que diga la Ley de Emergencia y lo que diga este decreto, serán absolutamente legítimos”, sostuvo.
El experto constitucionalista también calificó de “saludable” suspender el recurso de amparo, en el decreto, “porque aquí el amparo se ha prostituido y se ha utilizado para cualquier cantidad de asuntos que incluso escapan del ordenamiento jurídico, que van más allá que el Estado de Derecho piense”.
La junta directiva de la Asamblea Nacional emitirá una declaración el día de hoy, anunció el coordinador de la bancada sandinista, Edwin Castro, quien evitó hacer comentarios ayer sobre el Estado de Emergencia Económica decretado por el Ejecutivo.
VACÍO LEGAL
La doctora María Asunción Moreno, catedrática de la Universidad Centroamericana (UCA), consideró que el Decreto de Estado de Emergencia Económica emitido por el presidente Enrique Bolaños, creó un vacío legal que brinda al Ejecutivo inmensas cuotas de poder.
“Se puede hacer cualquier cosa ahora, eso es peligroso (…) hay vacío, ahorita estamos en manos de quien te detenga”, señaló Moreno.
Por ejemplo, según la catedrática de la UCA, al tener el Gobierno dominio constitucional sobre el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, podría considerar emplear el auxilio público para mantener el orden.
Para el jueves está previsto que el Poder Legislativo escoja a los funcionarios que ocuparían las carteras de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep).
Moreno no descartó que para el Presidente esa elección signifique una alteración a la estabilidad pública, aunque destacó que esa sería una medida temeraria.
“La inmunidad realmente lo que hace es proteger frente a futuros procesos contra un diputado, no le protege sus derechos fundamentales, de tal forma que sí, efectivamente no solamente puede detener, sino que puede realizar requisas temporales a las casas”, explicó Moreno.
También manifestó que el estado de emergencia ya está vigente, al ser publicado en los medios de comunicación cuando fue leído para los canales televisivos por el secretario de la Presidencia, Ernesto Leal.
Consideró que decretar el estado de emergencia por razones económicas no ameritaba la suspensión de las garantías civiles, al derogar temporalmente los artículos constitucionales 32, 45 y 52.
Sin embargo, Moreno en su análisis no explica que la suspensión del recurso de amparo era necesario para que dicha medida presidencial no fuera obstaculizada.
RIZO RECHAZA DECRETO DE BOLAÑOS
Por su parte, el vicepresidente José Rizo alegó que el decreto presidencial sigue el propósito de generar más fricción entre el Ejecutivo y el Legislativo, con la finalidad de evitar que se nombre a los intendentes de la Sisep.
“Ante el inminente anuncio que han dado algunos legisladores de esto (elección Sisep), ver de qué manera estando suspendidos algunos derechos es poder confrontar, impedir que se den estos nombramientos”, opinó Rizo.
Rizo no firmó el decreto de emergencia porque no abona a la estabilidad del país, según dijo, y tensa el diferendo entre el Ejecutivo y el Legislativo.
El presidente Bolaños dijo en declaraciones a la cadena televisiva CNN, que Rizo es una “voz solitaria”.
En tanto, Moreno apuntó que Bolaños deberá notificar del decreto de emergencia a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, en cumplimiento al artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por su parte, el diputado liberal Wilfredo Navarro dijo que el Decreto de Estado de Emergencia emitido por el presidente Bolaños es una cortina de humo.
Señaló que el Partido Liberal Constitucionalista se opondrá al incremento en el costo de la tarifa energética.
ARTÍCULOS AFECTADOS
El presidente Enrique Bolaños, al decretar el Estado de Emergencia, afecta tres artículos constitucionales, lo que no permitirá a ningún ciudadano recurrir ante el sistema judicial contra las medidas económicas que en lo subsiguiente emita el Gobierno.
El artículo 32 establece que “Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe.
En el artículo 45, se señala que “las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados o estén en peligro de serlo, pueden interponer el recurso de exhibición personal o de amparo, según el caso, de acuerdo con la Ley de Amparo”.
Y por último, el artículo 52, dice que “los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva, a los poderes del Estado o cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en los plazos que la ley establezca”.
EL PRESIDENTE ES LEY
“En Unión Fenosa siempre hemos cumplido con la ley, y en este momento el Presidente es la ley. Nosotros cumpliremos con lo establecido, de no aplicar el incremento a los consumidores de menos de 150 kilovatios/hora y todas las demás disposiciones establecidas en el decreto”, declaró la vocera de la transnacional, Erika Ramírez.
(Con la colaboración de Mirna Velásquez, Luis Felipe Palacios y Ludwin Loáisiga López).
