En cualquier país normal, el Poder Legislativo es un instrumento de solución institucional —por medio de las leyes y otras decisiones parlamentarias— de los problemas nacionales. Pero en Nicaragua ocurre al revés: la Asamblea Nacional y, más bien dicho, los diputados, sólo sirven para crear nuevos problemas y agravarlos, en vez de resolverlos.
A propósito de esta singular situación, el representante en Nicaragua del Instituto Republicano Internacional (IRI), Gilberto Valdez, dijo la semana pasada que “se necesita practicar una ‘readecuación’ en la Asamblea Nacional, que pasaría por una reforma al sistema electoral, con el propósito de que las personas electas por el pueblo respondan a sus representados y no a los líderes de sus partidos políticos”. (LA PRENSA, sábado 14 de mayo del 2005).
En realidad, los diputados nicaragüenses no tienen electores directos ni representan al pueblo. Son designados por sus caudillos y ejecutan lo que Daniel Ortega y Arnoldo Alemán quieren que hagan. Por eso es que cambian el sistema de gobierno del país y crean un adefesio institucional seudoparlamentario para que Ortega y Alemán controlen el poder desde sus cuarteles e, incluso, desde sus residencias; inventan más entidades estatales, crean nuevos cargos jugosamente remunerados y aumentan la burocracia para repartir más prebendas entre sus adeptos; dictan nuevos y más altos impuestos para financiar su insaciable voracidad de fondos públicos; impiden la aprobación de leyes que resolverían problemas específicos del país (como la ratificación del DR-Cafta) y, en cambio, aprueban otras que dañan gravemente la economía nacional (como las reformas presupuestarias) o para validar la corrupción bipartidista (como el Instituto de la Propiedad).
Ciertamente, cuando los diputados anuncian que van a sesionar, la nación se alarma, pues sabe que los legisladores aprobarán nuevas disposiciones a favor de sus caudillos y de ellos mismos, pero lesivas al interés nacional.
Sólo por ocupar sus escaños en la Asamblea Nacional, los diputados nicaragüenses son muy costosos para las personas que trabajan, que pagan impuestos, que envían remesas familiares y en general que financian los gastos estatales. Los diputados son como seres de otro mundo, entes privilegiados y superiores a todas las demás personas del país. Tienen inmunidad para hacer lo que quieran sin rendir cuentas a nadie y mucho menos a la justicia, la que además depende de ellos mismos; son “elegidos” para legislar pero se reparten entre ellos los demás cargos estatales altamente remunerados y con buenas conexiones para hacer mejores negocios; se ausentan cuando quieren de la Asamblea alegando cualquier pretexto, pero siguen cobrando su jugoso sueldo y sus suplentes son también envidiablemente remunerados; rebajan el sueldo de otros funcionarios gubernamentales a los que quieren castigar políticamente, pero se aumentan el propio. Y además de todo eso, las leyes y otras decisiones parlamentarias que suelen aprobar o imponer, son casi siempre dañinas para el país y para la gran mayoría de los nicaragüenses.
Tiene razón el IRI, un organismo internacional que hace infructuosos esfuerzos y gasta inútilmente mucho dinero tratando de “educar” a la clase política nicaragüense, al decir que “hay que implantar un sistema de elección que obligue a los funcionarios electos —es decir, a los diputados— a responder de manera directa y con responsabilidad a su comunidad”. Para eso es necesario, como también lo señaló el mencionado funcionario del IRI, establecer un sistema de elección de los diputados que le permita a los electores “decidir no sólo por cuál partido votar, sino por cuál diputado o diputada en específico quiere emitir su voto”.
Pero ese cambio de sistema electoral de los diputados no lo pueden hacer los mismos que están ahora en la Asamblea Nacional. A éstos hay que sacarlos de sus escaños, y si no se puede, esperar las elecciones del próximo años para ver si es posible que la gente pueda elegir algo mejor, siempre y cuando los movimientos de Herty Lewites en el FSLN y de Eduardo Montealegre en el PLC, logren romper los círculos de hierro y corrupción de Ortega y Alemán.
Y es necesario también que surja una alternativa intermedia suficientemente fuerte y prestigiosa, capaz de obtener al menos una tercera parte de los escaños de la Asamblea Nacional.
En esa dirección hay que trabajar.
