Cristiana Chamorro [email protected]
Los cuatro juicios penales que enfrenta por injurias y calumnias el ex alcalde de Managua, Herty Lewites, evidencian la fragilidad en que se encuentra el derecho a la libertad de expresión en Nicaragua. Lewites simplemente expresó su verdad cuando se sintió amenazado de muerte por sus antiguos “hermanos”, ex miembros de la Seguridad del Estado del partido al que pertenece: el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Sin duda Herty, viejo militante sandinista, conoce la sicología y antecedentes de sus compañeros de toda la vida, algunos de ellos especialistas en ajustes de cuentas partidarias. Su denuncia, de un complot para matarlo, señalando con nombre y apellido a presuntos autores materiales e intelectuales, la hizo en defensa propia recurriendo al poder de la palabra en los medios de comunicación.
Sus “hermanos” de siempre, detractores ahora, le respondieron con las nuevas armas de su partido: el terrorismo judicial con el que hacen uso de jueces y magistrados para extorsionar a sus adversarios y, en este caso, violar derechos humanos y sentar un nuevo precedente: restringir la libertad de expresión y de pensamiento utilizando el Código Penal para penalizar la denuncia de un ciudadano.
Al igual que Lewites, en Paraguay Ricardo Canesse, analista e investigador social y en Costa Rica, Mauricio Herrera Ulloa, periodista de la Nación, han sido víctimas de sentencias de difamación que han puesto en alerta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a todas las organizaciones defensoras de la libertad de prensa en el Continente Americano.
En 1993, Canesse, en plena campaña electoral, cuestionó públicamente la integridad del candidato Juan Carlos Wasmossy, a quien calificó de “prestanombre” de la familia de Stroessner en una de las mayores inversiones paraguayas: Conempa, empresa que participó en el desarrollo del complejo hidroeléctrico Itaipú. Socios que no habían sido mencionados acusaron a Canesse de injurias y calumnias y un juez lo condenó a cuatro meses de prisión y a pagar una multa.
En Costa Rica, los tribunales condenaron al periodista Mauricio Herrera Ulloa por haber publicado una historia que demuestra la vitalidad de libertad de prensa en una sociedad democrática. Herrera investigó publicaciones europeas que denunciaban a un diplomático costarricense presuntamente involucrado en delitos de evasión de impuestos y tráfico ilegal de armas.
Los artículos del periodista contribuyeron a un debate público sobre la reforma del Servicio Exterior de Costa Rica, pero Herrera fue condenado a registrar su nombre en el libro de los delincuentes, a una multa millonaria y, junto a su periódico, a publicar la sentencia en su contra.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA revocó ambas sentencias de difamación y ordenó a los Estados de Paraguay y Costa Rica compensar en concepto de daños a los acusados. Ante la gravedad de los hechos, el Relator para la Libertad de Expresión de la OEA, Eduardo Bertoni, recientemente invitó a un grupo de periodistas a Washington a debatir los fallos y alertarnos sobre este tipo de represión a la libertad que ahora sutilmente se está imponiendo en Nicaragua.
Hoy que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión, el caso Lewites invita al periodismo nicaragüense a iniciar una campaña para discriminalizar la “difamación”, supuesto delito regulado en el artículo 347 de nuestro Código Penal. Se les conoce como leyes de desacato que penalizan la expresión dirigida contra funcionarios, personas públicas o particulares involucrados en asuntos de interés público.
Los argumentos de la Corte Interamericana fueron contundentes en sus dos fallos: la difamación no debería de dar lugar a la responsabilidad penal porque no incita a la violencia anárquica. La responsabilidad penal es una pena innecesaria y desproporcionada para los casos de difamación, porque el objetivo del Estado en proteger la reputación de las personas no justifica el efecto inhibidor que una condena penal tiene sobre los periodistas que no son acusados. Las demandas civiles por difamación resultan suficientes para proteger la reputación.
En América Latina no sólo el periodista Mauricio Herrera ha enfrentado consecuencias graves por procesamientos penales por difamación. En México, Isabel Arvide fue arrestada dos veces por informar sobre casos de corrupción en el gobierno, liberada contra el pago de una fianza superior a la que se le exige a los sospechosos de homicidio y forzada a restringir su circulación. En Panamá, Miguel Antonio Bernal trabajó durante dos años con el temor generado por un proceso penal por difamación hasta que fue absuelto.
En los últimos años, el listado de naciones que han abolido sus disposiciones penales sobre difamación está en aumento. Sumarnos a esta lista es un deber del periodismo nicaragüense antes que el caso Lewites se formalice en su contra y se establezca como norma contra los medios de comunicación.
La autora es periodista
