Marco A. Mayorga
Una cosa es asegurarse que toda playa es pública (situación que ya existe) y otra es pretender declarar de utilidad pública todo terreno a 150 metros de las costas. Se podrán expresar diversas razones, por lo que algunos diputados y las alcaldías de Nicaragua lo verán como una gran oportunidad de lograr una transferencia patrimonial y de ingresos para sus gobiernos. Y esto es lo que hoy pretenden promover algunos miembros de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional de Nicaragua.
En 1917 se promulgó la Ley Agraria indicando que a partir de esa fecha todas las tierras costeras que no tuvieran dueño y que estuvieran en manos del Estado (costeras ejidales) son de los municipios y no podrán enajenarse; en otras palabras la Ley especifica claramente que se respeta la propiedad privada y hace diferencia de la propiedad ejidal a la fecha. Las playas, es decir, la arena de las costas no dejan de ser públicas. Muchos terrenos costeros ejidales desde esa fecha han sido legalmente arrendados por las alcaldías en plazos hasta de 99 años.
Bajo esta realidad legal de 1917 actualmente se está perfilando el desarrollo turístico de la costa del Pacífico de Nicaragua. Es por esta razón que ya se habla de la Ribera del Sur de Nicaragua, de Rivas, etc. Por este motivo existen millonarios proyectos en distintos procesos de avances. Es por esto que el nombre de Nicaragua aparece en publicaciones especiales para inversionistas vacacionales o retirados como la mejor opción y oportunidad. Por esta razón el Pacífico Sur de Nicaragua y con mucha posibilidad de extenderse en toda la costa, representa una gran esperanza para pobladores de miles de comunidades que por muchos años han estado aspirando a fuentes de empleos permanentes.
Pero, ¿qué puede ocasionar una nueva ley que nacionaliza y en forma real confisca los terrenos a 150 metros de las costas? Primero crearía un gran rumor, falta de credibilidad y percepción que en Nicaragua algo malo está pasando; que miles de nuevos propietarios o arrendatarios de terrenos ejidales deberán negociar o renegociar con las alcaldías y alejaría a inversionistas. Además, ¿están las alcaldías listas a administrar esta demanda o corriente de negocio que ya está funcionando? Es obvio que la mayoría no. Honduras tiene una Ley de Costas según la cual ningún extranjero puede ser dueño de costas. El resultado es que no existe hotel de importancia en sus amplias y bellas costas.
Esta nueva ley que se pretende no sólo afectará a los nuevos desarrollos turísticos que están generando un nuevo empleo turístico. También afecta a todos los ciudadanos nicaragüenses que poseen lotes de terrenos aledaños a las costas, pequeños y medianos propietarios. Cabe señalar que la Constitución de la República prohíbe las confiscaciones. Es por esto que una ley de costas como la que se pretende pasar es sumamente delicada, ya que rompe el pacto social bajo el cual nos regimos todos los nicaragüenses.
Las alcaldías deberían estar observando la gran oportunidad que representan las actuales inversiones en procesos, pues significarán ingresos (impuestos sobre ventas y bienes inmuebles) permanentes que definitivamente impactarán en el progreso de sus comunidades; y además, con las actuales propiedades que poseen desde 1917, si así lo consideran, pueden implementar proyectos y promover planes de desarrollo.
El autor es empresario, ex presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua.
