Mario J. Sacasa
Luego de la victoria electoral de la Unión Nacional Opositora (UNO) ante el Frente Sandinista (FSLN) el 25 de febrero de 1990, algunos representantes del Gobierno de EE.UU. favorecían el implementar las sugerencias de analistas internacionales sobre la necesidad de realizar un inventario de los materiales bélicos existentes en el país después de la cruenta guerra civil entre la Resistencia Nicaragüense y el gobierno sandinista. De hecho, muchos ex miembros de la Contra, aún no desarmada, considerábamos que el levantamiento de un inventario completo de ambos lados del conflicto era una acción lógica y necesaria para asegurar a largo plazo la tranquilidad social de Nicaragua. Era además, la base sobre la cual se podía crear un marco de garantía para el cumplimiento de las promesas hechas a los comandos de la Resistencia y sus familias.
Desafortunadamente, la realidad es que la política está lejos de ser una ciencia lógica y exacta. Podríamos decir que es más bien un arte, y dentro de este concepto, el arte de lo posible según las circunstancias que imperen en el momento. Para infortunio de la Resistencia, y en realidad de Nicaragua, en 1990 diversas circunstancias empujaron a la administración del presidente George H. W. Bush a apoyar una solución a largo plazo en el proyecto de ayudar a restaurar la democracia representativa en Nicaragua. En efecto, después que las elecciones de febrero de 1990 demostraran ampliamente que una significativa mayoría de los nicaragüenses favorecía un cambio de gobierno, era de esperarse que el siguiente paso fuera la implementación del programa de la UNO que contemplaba la desmovilización y reincorporación al sector económico productivo del país, tanto de los miembros de la Resistencia como de una parte substancial del Ejército y Milicia Sandinista.
Lo anterior se consideraba como paso previo a la reorganización de unas fuerzas armadas con carácter nacional y no partidista. Requisito indispensable en este proceso era el establecer con la mayor exactitud posible los inventarios de armamentos y equipos existentes en Nicaragua. Desde luego, sabemos que lo anterior no sucedió. Más bien la Contra sí fue desmovilizada mientras que el Ejército Popular Sandinista fue de hecho confirmado como el único cuerpo armado en el país, con la promesa de que posteriormente se introduciría la legislación necesaria para institucionalizarlo como Ejército Nacional.
Una aproximación de lo descrito en el anterior párrafo es lo que ha ocurrido en Nicaragua durante los últimos 15 años. Sin duda que existe ahora una nueva legislación que cambió el nombre del Ejército y estableció un sistema de rotación de las autoridades castrenses como parte de una serie de regulaciones encaminadas a asegurar su subordinación al Ejecutivo. Todo eso está bien y es posible que funcione al cabo de varios años más. El problema es que la influencia partidista del Frente Sandinista continúa manifestándose en las más altas esferas del cuerpo castrense, lo que ha provocado desconfianza en el actual Gobierno norteamericano, especialmente en los círculos del Pentágono, el cual lógicamente permanece en estado de alerta después de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington, D.C.
No se requiere ser gran analista político para darse cuenta de que el reciente conflicto de los inventarios de misiles Sam-7 en Nicaragua ha puesto en evidencia la desmedida influencia que la cúpula del Frente Sandinista mantiene no solamente en las fuerzas armadas, sino que en otros Poderes del Estado, principalmente en la Asamblea Nacional. De hecho, la coordinación de acciones en contra de las gestiones del Gobierno del presidente Bolaños incluye, entre otros, el delicado tema de los misiles. La bancada sandinista, con el apoyo de los liberales del doctor Alemán que parecen dispuestos a todo con tal de liberar a su tristemente célebre líder, se aferra en pasar leyes que restringen drásticamente las facultades del Ejecutivo, perturbando peligrosamente el balance e interdependencia de los Poderes del Estado. Con un Ejecutivo seriamente limitado en sus capacidades, y un Partido Liberal fraccionado, la ecuación política actual favorece decididamente a la facción sandinista de Ortega y sus camaradas.
Hasta dónde va a llegar todo esto nadie lo sabe. Lo que sí se puede asegurar es que de haber el Gobierno norteamericano y la comunidad internacional insistido en realizar un completo y objetivo inventario de armas a raíz de las elecciones de febrero de 1990, el Tío Sam y Nicaragua entera se hubieran ahorrado muchos de los dolores de cabeza y preocupaciones actuales.
El autor fue miembro de la Resistencia Nicaragüense y Cónsul General de Nicaragua en Miami
