Fernando José Bárcenas Molina
Es siempre fascinante el vínculo dialéctico entre medios y fines, sobre todo cuando se aplica a los fenómenos sociales. En todo proceso que genera una compulsión colectiva, hay un bien superior, o futuro, que justifica el esfuerzo dirigido, y la coacción que restringe la libertad.
El cambio de placas periódico debiera restablecer, con relación al parque automotor, un orden tanto de carácter legal (por el debido registro y control actualizado de la propiedad sobre el bien móvil), como de carácter técnico (a fin de que los vehículos cumplan requerimientos mínimos de correcta operación mecánica).
Sin embargo, el plan de acción a ejecutar en este ámbito también depende de los objetivos estratégicos propuestos. Las normas y los parámetros técnicos de carácter mecánico y de emisión de gases exigidos conlleva, en última instancia, por las deficiencias del parque automotor que existe en el país, a que un porcentaje alto de automóviles salga de circulación. Este porcentaje debe estar perfectamente previsto y definido en el plan.
¿En manos de quién está el análisis estratégico del cambio de placas? Si el nivel exigido de emisión de monóxido de carbono es de 4.5 por ciento para la operación del motor a altas revoluciones, ¿qué perjuicio se puede producir si por ello se elimina de golpe, por ejemplo, el 80 por ciento del parque automotor existente?
¿Cuál es su efecto en la economía y en las condiciones de vida de la población? ¿Cómo afecta esto a la pequeña empresa familiar que utiliza un vehículo anticuado como medio de transporte de la materia prima de su pequeña industria, o como canal de comercialización del producto? ¿Cómo afecta a los ciudadanos en general, que en condiciones de desempleo utilizan al máximo un vehículo sencillo, de bajo costo, que carece de catalizador de gases, para transportar a toda la familia?
La Policía es únicamente coercitiva, aplica multas. Los requerimientos o parámetros técnicos a cumplir representan, para ella, los únicos objetivos visibles. Los resultados económicos y sociales que se derivan de exigir parámetros excesivos le son indiferentes. Su naturaleza burocrática le limita a vigilar que se cumplan las normas, aunque las consecuencias sean un desastre. Esas consecuencias son un problema ajeno.
Para un administrador del Estado, cuya función es la definir estrategias, son los resultados económicos y sociales, previsibles, del cambio de placas, los que le llevan a especificar los parámetros exigidos (tanto mecánicos como de emisión de gases). De modo que estos parámetros se correspondan con los resultados económicos y sociales deseados.
Al estratega se le debe pedir que un proceso sencillo, de cambio de placas, arroje resultados positivos y mensurables. La ciudadanía consciente le evalúa por ellos. Su sobrevivencia laboral debería depender de tal evaluación, de modo que la coacción que recibe la población de parte del funcionario, para cumplir con el cambio de placas se justifique por la eficacia administrativa integral en la toma de decisiones.
El autor es Ingeniero Eléctrico.
