- Nicaragua firmó Declaración para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer
Mirna Velásquez Sevilla
Roman, Times, serif»>
Magistradas latinas analizan violencia contra la mujer
 |
Nicaragua firmó Declaración para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer |
Mirna Velásquez Sevilla
La violencia contra la mujer y los derechos reproductivos son temas que preocupan e inmiscuyen a la administración de justicia, por lo que Nicaragua participó la semana pasada en el encuentro ‘por una justicia de género’, realizado en San Salvador, El Salvador.
Según una nota de prensa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de Nicaragua, en el encuentro se adoptó una Declaración en la cual “exhortan a los Estados de la región a que implementen la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”.
DELEGACIÓN DE NICARAGUA
En el encuentro participaron magistradas de los más altos tribunales y órganos judiciales de Iberoamérica y por Nicaragua estuvieron las magistradas Yadira Centeno González, presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos Vanegas y Ligia Molina.
“Otro de los puntos adoptados en la declaración de El Salvador es que se promuevan planes estratégicos dentro de los poderes judiciales a corto, mediano y largo plazo con medidas específicas para lograr una justicia pronta y cumplida en materia de violencia sexual, discriminación y desigualdad en las relaciones de género”, cita la nota de prensa.
NUEVO ENCUENTRO EN DOMINICANA
La magistrada Molina expresó que la Declaración insta a los gobiernos a revisar las políticas institucionales y tradiciones que resulten violatorias de los derechos sexuales y reproductivos, así como la necesidad de establecer procedimientos adecuados, ágiles y pertinentes para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones.
Molina informó además que el próximo encuentro de magistradas latinoamericanas se celebrará en República Dominicana, lo cual ya fue aceptado por el pleno de la Corte Suprema de ese país.
