- Juez ordenó destruir el misil, pero no impuso la pena máxima solicitada por la Fiscalía
Mirna Velásquez Sevilla
Las intenciones de la Fiscalía de conseguir la imposición de la pena máxima a los dos acusados de terrorismo por la tenencia de un misil Sam-7, fue desechada por el juez Sergio Palacios que les impuso las penas de un año y 18 meses de arresto inconmutables, respectivamente.
Jorge Iván Pineda Gurdián (40 años) deberá permanecer hasta agosto del 2006 en prisión (18 meses), dado que el juez Palacios encontró que existió ánimo de lucro y dolo en la transacción de compra-venta que realizó con un misil en un restaurante en Matagalpa.
En tanto, para el acusado Oscar Rivera Lacayo (56), el juez consideró que por su edad y algunos padecimientos en su salud, la pena debía bajar a un año. En ambos casos fueron suspendidos sus derechos civiles.
En enero, la Policía Nacional decomisó en la casa de Rivera un misil antiaéreo C2M, de fabricación soviética, conocido como Sam-7, y éste declaró en la Dirección de Auxilio Judicial, que el arma le fue vendida por Pineda en 45 mil dólares en una transacción que hicieron en Matagalpa.
Palacios, Juez Octavo Local Penal, relacionó que de este caso se deriva la discusión sobre la soberanía del Estado, aunque debe ser valorado como un hecho aislado a las instituciones públicas como el Ejército, Ejecutivo y la Asamblea Nacional.
La sentencia también ordena la destrucción del cohete antiaéreo decomisado, para lo cual la Policía deberá entregarlo al Ejército.
Una cuenta bancaria a nombre del procesado Jorge Iván Pineda, conteniendo 38 mil dólares, también fue decomisada y el dinero trasladado a una cuenta de la Corte Suprema de Justicia.
Pineda insistió que el dinero provino de la venta de un vehículo y que todo es un montaje de la Embajada americana.
