Nicaragua y el Fondo Monetario Internacional

Cirilo Otero Escorcia

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Nicaragua y el Fondo Monetario Internacional


Cirilo Otero Escorcia




Para un país pobre muy endeudado es obligatorio incluir en sus discusiones y aprobaciones presupuestarias anuales la opinión y los intereses de las agencias multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo que es penoso y hasta temerario es la tendencia de usar las relaciones de país con este organismo multilateral como un arma de presión para lograr cambios sustanciales en las políticas económicas anuales de la nación. Por ejemplo, tratar de justificar lo injustificable, como es la negación del acordado incremento salarial a los maestros de Nicaragua. Trabajadores y trabajadoras de la educación que devengan un salario cincuenta veces menor al de un funcionario político de alto nivel en el país.

El representante del FMI en Nicaragua declara a los medios de comunicación locales, que el actual Presupuesto General de la República (PGR) ha superado el techo asumido por el país en el programa económico con el FMI, y que por lo tanto existe el peligro de que haya un descarrilamiento del programa. La administración Bolaños no contradice, ni veta la Ley de PGR-2005, que debería estar en relación directa a la capacidad de recaudación fiscal, más las donaciones a recibir en el año. Desde luego que veo una alianza perversa entre las partes, porque el Gobierno, los políticos, los funcionarios tomadores de decisión ahora quieren argumentar que como la Asamblea Nacional aumentó el salario al sector magisterial el PGR-2005 se ha elevado más de lo previsto y por eso estamos al borde de un incumplimiento del programa con el FMI.

En esto hay un par de cosas que quiero destacar; lo primero es que Nicaragua desde hace doce años no ha presentado un solo PGR que sea equilibrado con su realidad y capacidad, todos estos presupuestos han sido deficitarios. Y, cada año los respectivos ministros de Hacienda y Crédito Público han informado a la Nación que el déficit lo llenarán con préstamos y donaciones. Lo segundo es que el país desde 1991 hasta hoy se ha descarrilado varias veces del programa con el FMI y no ha sido precisamente por incrementos salariales a sectores que en muchos años han sido obligados a soportar ingresos de muy bajo perfil. Ciertamente han sido otras razones, las que podemos clasificar de incorrecta administración de la cosa pública.

El FMI lo ha aceptado, ha negociado en base a estos comportamientos en varias ocasiones. Es decir, el FMI es acompañante de estas anomalías presupuestarias con déficit. También el FMI sabe del ocultamiento de recursos financieros en los PGR de los últimos cinco años, y tampoco dice mayor cosa. Es decir, el FMI se ha hecho de la vista gorda a cambio que haya una actitud segura de los gobiernos en dos cosas: uno, mantener el nivel de las reservas internacionales, y dos, continuar pagando deuda externa. Pareciera que con eso basta para el FMI.

El FMI debería ser una entidad responsable y seria en todo momento. No es posible que si existe un ambiente incorrecto en la administración pública, pero sí el país le asegura sus intereses, entonces acepta la acción incorrecta de un país miembro. Me pregunto que si el FMI visita el país cada tres meses para revisión del programa, no es posible que no sepa las tendencias de gastos para cada año. Estar en el programa no es asunto de mantener las palabras falsas que siempre afirman los funcionarios del FMI, “no somos nosotros, es el Gobierno el que propone el programa”; pero, no dicen que cuando las propuestas no satisfacen sus medidas de ajuste estructural, entonces sí rechazan los programas. ¿En qué quedamos? El asunto de país debe ser integral no parcial.

Otro aspecto es lo relativo al uso y destino de los recursos HIPC. Para la cooperación internacional estos recursos que Nicaragua ya no está pagando deben ser destinados al combate a la pobreza extrema. Pero el Gobierno, por el contrario, ha destinado estos recursos para pagar deuda interna que sus destinatarios no son pobres. Esta violación a la base acordada con la cooperación internacional, para el FMI tampoco es una preocupación. Ni es motivo de amenaza de descarrilamiento de programa alguno. Frente a esta actitud de la administración Bolaños, de ubicar los recursos para pobreza en manos de la riqueza, el FMI calla nuevamente. Puedo decir, al FMI le gusta opinar y presionar en lo que le interesa, pero silencio cuando no le afecta sus puntos y esto no es ser serio. Si van a opinar sobre el programa económico, los destinos de los recursos HIPC también son recursos de un mismo país: Nicaragua.

El autor es Sociólogo e Investigador
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