José Adán Silva y Johnny Cajina G.
La muchacha tomó el garrote con el cual le habían partido la cabeza al borrachito, lo acercó al charco de sangre que yacía cerca de la mesa donde cayó el hombre moribundo, y le ordenó al camarógrafo que hiciera la toma en primer plano del garrote caído cerca de la sangre. El camarógrafo lo movió un poco y luego hizo las tomas “de recursos”.
La oficial del Distrito Cinco que cubría la escena del crimen se percató de la osadía de la reportera nocturna, y le reclamó fuerte, pero fue más fuerte la defensa de la muchacha que, indignada y ofendida, le pidió “respetar” la libertad de expresión y advirtió que cuidado la denunciaba ante sus jefes policiales y que “colaborara, porque no sabía con quien se estaba metiendo”. Luego metieron el micrófono entre el llanto y la gritería de los familiares del herido y después se fueron a cubrir “otra noticia”.
DERECHO POLICIAL
El reporte del comportamiento de la periodista de televisión fue transmitido a los superiores de la agente, quienes preocupados pidieron al Ministerio Público colaboración para frenar acciones de este tipo que, a juicio de la Fiscal General Adjunta, María Lourdes Bolaños, están afectando la labor policial y poniendo en riesgo la justicia para los involucrados.
Según la fiscal Bolaños, mandos de la Policía Nacional le han solicitado de urgencia que haga algo para impedir que los reporteros de notas rojas contaminen las escenas del crimen, destruyan evidencias y afecten los operativos de capturas e investigaciones.
“Apoyamos a la Policía y les hemos dicho que corresponde a ellos como institución investigadora imponer el orden, y si ellos deciden restringir el acceso de los reporteros, pues están en su derecho y cuentan con el respaldo de la Fiscalía”, dijo Bolaños.
De acuerdo a la funcionaria, la Policía Nacional y el Ministerio Público también contemplan citar a los reporteros que se vean involucrados en hechos investigados por la Policía, a los juicios y procesos que se deriven de los hechos delictivos donde los periodistas invadan los escenarios de delitos.
“No se trata de regular la labor periodística ni de impedirles su derecho a la libertad de expresión, se trata de que la Policía pueda ejercer su función de prevención e investigación del crimen y resguardar las pruebas y evidencias encontradas en la escena del crimen, la cual muchas veces es contaminada por los reporteros”, explicó Bolaños.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN ABUSADA
El Colegio de Periodistas de Nicaragua (CPN) sentó ayer su posición en torno al controversial tema de la nota roja, asegurando que los noticieros de sucesos de tres televisoras nacionales hacen un «bochornoso abuso de la libertad de expresión» e irrespetan además la responsabilidad que tienen en la sociedad.
«A decir verdad, nunca antes se había producido en el país una violación tan flagrante al ejercicio ético profesional del periodismo. Tenemos la obligación de no permitir que este tipo de periodismo, calificado como basura, se siga practicando impunemente en Nicaragua», dijo Rodolfo Tapia Molina, presidente de la comisión ética del CPN.
“Que nos digan dónde está el error para con gusto rectificar, porque acusar y generalizar es fácil”, dijo Lucía Pineda Ubau, periodista del noticiero 22-22.
“En Canal 2 tenemos un Código de Ética y nuestro límite llega hasta donde las personas nos dejan llegar”, dijo Pineda.
Mauricio Madrigal, jefe de prensa de Canal 10, se mostró alarmado y sorprendido por la “censura que pretenden imponer los colegas del CPN”.
“Es cierto que han habido abusos, pero sólo presentamos (en televisión) la realidad del país. Hay ineficiencia de la Policía Nacional, y la población está indefensa y desprotegida por las otras instituciones. Una regulación puede ser utilizada por los políticos para ponernos una mordaza a los medios”, consideró Madrigal.
A ESTUDIAR
“Creo que debe hacerse conciencia entre los periodistas, sobre el principio de inocencia, respeto a los derechos de los involucrados en hechos delictivos y respeto a las funciones policiales, y eso se debe implementar mediante seminarios de capacitación que estamos gestionando”, expresó la Fiscal General Adjunta, María Lourdes Bolaños.
