Alberto L. Alemán Aguirre
Roman, Times, serif»>Golpes en la mesa
Honduras: un mixto balance
Alberto L. Alemán Aguirre
Hace tres años asumió el Gobierno de Honduras Ricardo Maduro. El Presidente, en un informe ante el Parlamento, destacó los logros macroeconómicos de su gobierno y avances en la lucha contra el crimen.
Bien por el país vecino. Sin embargo, la desigualdad social y la inseguridad siguen minando la frágil democracia hondureña.
Se podrá decir lo mismo de Nicaragua y del resto de Centroamérica y América Latina, pero sin resolver y progresar en los temas de la pobreza, el desarrollo con equidad y la seguridad ciudadana, difícilmente podrá esperarse el afianzamiento de la democracia, un logro inapreciable que ha costado a los centroamericanos guerras, sangre y atraso. Y las encuestas sobre el apoyo al sistema democrático en la región muestran que la paciencia de los ciudadanos se va agotando.
A su favor, Maduro expuso logros como un crecimiento del 4.3 por ciento y haber puesto en orden las finanzas, con la reducción del déficit fiscal del seis al tres por ciento del PIB durante su mandato.
El Presidente se atribuye además el ingreso de más de 1,000 millones de dólares en remesas familiares procedentes de Estados Unidos, a lo que se suman unos 800 millones de dólares por la maquila.
En el campo de la seguridad, Maduro destacó que la guerra que declaró a las maras y al crimen ha traído éxitos: se han reducido los asaltos bancarios, el secuestro de personas, el robo de carros y la acción delictiva de las maras, a las que se atribuyen crímenes atroces como la matanza de Chamelecón, en la que 28 personas murieron acribilladas en un autobús urbano en San Pedro Sula, la víspera de la Nochebuena.
Hay que notar que las acciones originadas por la reforma del Código Penal que fue llamada “ley antimaras”, no han estado exentas de críticas por activistas de Derechos Humanos y abogados independientes. Alegan éstos que dicha reforma contradice la Constitución y elimina el principio de presunción de inocencia, una premisa básica en un Estado de Derecho.
Varios organismos no gubernamentales no comparten los aires triunfales del Gobierno.
“La violencia está creciendo en Honduras y afecta principalmente a nuestra niñez y juventud. Un clima de inseguridad y desconfianza comienza a inmovilizar a la sociedad, reduciendo las oportunidades para mejorar las condiciones de vida”, aseguraron las organizaciones que convocaron la “Jornada de Análisis y Definición de Acciones para Prevenir y Enfrentar la Violencia y su Impacto en la Infancia y Juventud Hondureña”.
Este foro se celebra desde ayer en Tegucigalpa. Un informe conocido previamente a la reunión sostiene que en términos de violencia, Honduras ocupa el tercer lugar en América Latina, luego de El Salvador y Colombia.
“En 1999 se registraban 37 muertes violentas por cada 100,000 habitantes; entre 2000 y 2001 este número se incrementó a 40”, explica el reporte. En 2003, según datos de Casa Alianza y la Corte Suprema de Justicia, en Honduras se registraron 62 muertes por cada 100,000 habitantes.
Entre 1998 y 2003 han ocurrido 1,500 muertes de niños y jóvenes y las estadísticas de 2004 registran 2,724 muertes violentas, agregan los organismos mencionados. El 60 por ciento de los crímenes quedan impunes.
La lucha contra la corrupción ha retrocedido. El Ministerio Público ha cerrado decenas de casos que podrían involucrar a prominentes políticos con aspiraciones presidenciales.
Y la pobreza afecta a más del 70 por ciento de los casi siete millones de hondureños, según el PNUD. Hay una reducción pero las desigualdades siguen allí. Bien por los logros, pero aún queda mucho por hacer.
