- Aparte de los problemas de discriminación y maltrato laboral que padecen miles de nicaragüenses en Costa Rica, éstos también tienen que enfrentar el deterioro del sistema de seguridad social de ese país, el cual no repara en nacionalidad al momento de golpear con sus deficiencias
Josué Bravo y Arlen Pérez
SAN JOSÉ, COSTA RICA.- Llegar desde las cuatro de la mañana para ser atendidos dos horas después sólo por 15 minutos que tardará la consulta con uno de los cuatro médicos quien dará una receta de medicinas muy caras que no serán facilitadas por el Seguro, son algunas de las desilusiones que pasan los habitantes de La Carpio al visitar el centro de atención de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Yamileth Gaitán es nicaragüense, vive en La Carpio con su familia; sus hijos de 11, nueve y cuatro años y su esposo, quien es asegurado. Ella acude al Seguro con sus niños, pero su marido llega sólo cuando se trata de una emergencia por el tiempo que tardan en atenderle.
“Cuando a mi marido le pasa algo en el trabajo lo llevan al Seguro. En el Seguro la atención es más o menos, pero tenemos que llegar a las cuatro de la mañana para agarrar un campo. A veces esperamos de dos a cuatro horas”, expresó Gaitán.
Agregó que incluso cuando se trata de emergencias los pacientes se llevan grandes desilusiones.
“Yo tengo una prima que estaba embarazada y vino aquí para que la atendieran y la hicieron esperar un gran rato, y eso que era primeriza. Yo generalmente espero más de una hora”, añadió.
Según Gaitán, a pesar de la espera, la atención no es tan mala, pero sí se nota que los recursos son limitados.
“La atención es más o menos. A mí me han tratado bien. Yo vengo al Seguro desde hace un año. Lo malo que tienen es que las medicinas son limitadas, no me dan de las que son más caras”, dijo.
Cuando no se les entregan los medicamentos la familia de Gaitán no los obtiene porque, según ella son muy caros y “a veces no hay plata para comprarlos”.
María de los Ángeles Mercado, de 25 años, es granadina, pero lleva más de diez años viviendo en La Carpio. Ella tiene cuatro hijos.
“Antes trabajaba de doméstica para mantener la casa, pero me pagaban 25 mil ó 30 mil colones por semana y era muy poco para pagar los gastos. Mi compañero está asegurado, pero casi no viene al centro de La Caja porque dice que tardan mucho en atenderlo”, relató Mercado.
SALUD EN DETRIMENTO
La experiencia de estas dos nicaragüenses demuestra que los inmigrantes son parte de una población que recibe una atención en salud que va en detrimento, y deja en evidencia que no son los nicaragüenses los culpables del problema como lo percibe la sociedad costarricense.
Durante el 2004 los medios de comunicación de Costa Rica sacaron a luz pública que más allá de la corrupción y la falta de recursos económicos y humanos, en los hospitales y puestos de salud, se ha perdido la mística de servicio hacia la población, faltan controles de calidad y personal médico, y existe una marcada desventaja de la salud pública con respecto a la privada.
El investigador del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, Juan Carlos Vargas, considera que el sistema de salud costarricense arrastra desde hace varios años dos problemas que salpican su buen funcionamiento: la corrupción y la morosidad patronal.
“El desfalco en las inversiones de salud resulta muy costoso para el Estado”, señaló.
El investigador se refiere a los supuestos actos de corrupción que demostraron que hubo anomalías en el uso de 80 millones de dólares en dos préstamos otorgados por España y Finlandia, al comprarse equipos médicos que en su mayoría no fueron utilizados.
Por eso la Fiscalía investiga a funcionarios que recibieron comisiones de los proveedores y un Juzgado Penal mantiene en prisión preventiva al ex presidente Rafael Ángel Calderón por haber recibido más de 500 mil dólares de comisión.
Para Gustavo Gatica, responsable de la Pastoral de Movilidad Humana de la Pastoral Social de Costa Rica, este dinero pudo servir para comprar más medicinas o reforzar áreas sensibles de la Caja del Seguro.
ASEGURADOS NO COTIZAN
El segundo problema, es el de la morosidad de los que cotizan, la cual se puede confirmar con cifras oficiales.
La deuda del sector privado y gobierno con la Caja asciende a 334,700 millones de colones (más de 729 millones de dólares al cambio actual) correspondientes a los seguros de salud y pensiones. Esta cifra representa la deuda acumulada al 30 de noviembre del 2004.
El décimo informe del Estado de la Nación del 2004, explica además que el Gobierno costarricense ha incumplido sus obligaciones financieras con la Caja.
“Respecto al creciente incumplimiento del Estado con la CCSS, las cifras institucionales indican que entre 1991 y el 2003 la deuda alcanzó los 59 mil 942 millones de colones (130.8 millones de dólares al tipo de cambio actual)”, señala el Informe del Estado de la Nación.
Detalla que la CCSS acumula un superávit, ya que “la tasa del gasto de operaciones (14.4 por ciento) es mayor que la tasa de cotización global de los afiliados (13.7 por ciento), es decir; que el aporte de las contribuciones es insuficiente al gasto de operación”.
El presidente ejecutivo de la CCSS, Alberto Sáenz Pacheco, dijo que la corrupción denunciada no impactó “de manera significativa los servicios de salud”.
“El sistema de la Caja ha pasado estos años por enormes amenazas como el remezón de todas las noticias de corrupción, la llegada de una fuerte oleada migratoria y la falta de subsidios del Estado. Urge que el Estado asuma su responsabilidad. La morosidad de los privados es del cuatro por ciento, pero la morosidad estatal es mucho mayor”, agrega.
EN LA LISTA DE ESPERA
Sin embargo, dijo que en el país hay 117,519 asegurados que aguardan por un examen diagnóstico, una cirugía o una cita con el especialista, siendo el Hospital Max Peralta de Cartago, el más “golpeado” por las denominadas filas de esperas, donde 20,549 personas aguardan atención.
En esta lista le sigue el Hospital México de San José con 17,253 y la clínica Marcial Rodríguez de Alajuela con 10,409.
Pacheco dijo además que los nicaragüenses son parte de una población que demanda servicios de maternidad, consulta externa y programas de atención primarias, entre otros.
ILEGALES PODRÍAN SER UNA SOLUCIÓN
Los nicaragüenses indocumentados representan un arma de doble filo para la seguridad social costarricense. No cotizan al Seguro y sólo son atendidos en caso de emergencias, lo que hace que el Estado invierta más recursos.
Carmen Zúñiga Guido, asistente del doctor general del centro Área de salud La Carpio, manifestó que en este centro atienden cerca de nueve mil 10 personas aseguradas. A esto se le suma un grupo que asiste por emergencias.
“Un aproximado de 45 por ciento de las personas que atendemos son nicaragüenses y un 55 por ciento costarricenses”, explicó Zúñiga.
Agregó que los que no son afiliados sólo se les atiende cuando son emergencias, pero la atención es igual sin importar la nacionalidad del paciente. De acuerdo a Zúñiga las emergencias más comunes son infartos, asma y heridas.
Manifestó que de los pacientes que padecen de VIH/sida no se lleva un registro formal por mes, pero sí hay de cada sector. Los medicamentos que requieren estos pacientes son entregados por el Seguro, pero si cotizaran, darían un aporte que ayudaría a la Caja.
La idea de que los nicaragüenses están recibiendo más atención médica se puede percibir por el número de personas atendidas, aunque en La Carpio, donde el mayor número de habitantes son de otra nacionalidad diferente a la costarricense esto no es tan relevante.
En el caso de los embarazos, por ejemplo, de los 500 a 600 casos por semestre que se atienden en el centro de La Carpio la mayoría son nicaragüenses y de acuerdo a Zúñiga, algunas de 10 a 19 años.
El presidente ejecutivo de la CCSS, Alberto Sáenz Pacheco, dijo que si los nicaragüenses ilegales cotizaran a la seguridad social costarricense, se aliviaría un poco el problema financiero que agobia a la institución.
“La Caja ha demostrado que ha podido hacerle frente al problema financiero por esa demanda de servicios de muchos extranjeros que no cotizan. El Estado puede solicitar ayuda internacional para que sigamos haciendo frente a esa demanda, porque si sigue así en un futuro puede colapsar”, afirmó Pacheco.
“Los trabajadores nicaragüenses hacen un aporte importante a la economía de este país, pero necesitamos que vengan legalmente y aparezcan en planilla para que coticen al Seguro”, agregó.
Precisamente la CCSS y la Dirección General de Migración comparten información para identificar e inspeccionar a inmigrantes sin papeles que llegan a centros médicos para solicitar atención, según el oficio AVD-038-2003 del 19 de mayo del 2003.
Pacheco argumentó que eso es algo que maneja Migración y Extranjería, pero la autoridad de esta institución, Marco Badilla, indicó que hasta el momento no se han realizado operativos al respecto.
El investigador del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, Juan Carlos Vargas, aseguró que los extranjeros no son los culpables de no cotizar al Seguro, sino los patronos.
“Hay muchos extranjeros que quisieran cotizar, pero a veces los empleadores no se lo permiten porque no quieren aportar su cuota patronal”, señaló.
“¿A quién beneficia esa evasión? ¿Por qué la Caja, que es la interesada, no controla esto si tiene los mecanismos para hacerlo? ¿A quiénes beneficia esa fuerza laboral? ¿No será que alguien se favorece de ese problema?”, se preguntó Vargas.
