Eduardo Enríquez
Arnoldo Alemán es un reo condenado, que tiene suspendidos sus derechos políticos de acuerdo a la ley y a la Constitución.
Sin embargo, ayer, y todos los días desde que su socio Daniel Ortega lo regresó a El Chile, los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son cabeza de un poder que debe, según la Constitución, “garantizar el principio de legalidad”, han hecho romería hasta la hacienda en El Crucero, para rendirle pleitesía y recibir órdenes.
A ellos y los magistrados electorales, los contralores y diputados arnoldistas, ahora se les ha sumado Daniel Ortega, cabeza del pacto, no para rendirle pleitesía al reo, que más bien es su rehén, sino para imponer sus condiciones .
¿Qué más ilegalidad que esa? ¿Cómo es posible que podamos contemplar a los magistrados judiciales entrando a El Chile a consultar con su jefe, y no pensar que son los primeros en romper la ley y violar la Constitución?
El tercer párrafo del artículo 47 de la Constitución dice que “los derechos ciudadanos se suspenden por imposición de pena corporal grave, o penas accesorias específicas, y por sentencia ejecutoria de interdicción civil”.
¿Cómo es posible entonces que este señor Alemán se dé el lujo de firmar un acuerdo que va a ser obedecido por todos los diputados arnoldistas y danielistas para darle pasada a las reformas constitucionales y su socio, Daniel Ortega salga a decir que la aprobación de las reformas es un proceso legal e institucional?
¿Cómo van a ser legales e institucionales estas reformas si están emanando de un reo condenado por lavado de dinero y malversación de los caudales públicos?
Unas reformas inconsultas que están diseñadas para que, según los cálculos de los pactistas, el poder total radique en la Asamblea Nacional, donde ellos van a tener garantizada una mayoría compartida.
El contrasentido se resume a algo tan inaudito como esto: un tribunal nacional decide que Alemán cometió un delito por el que merece la pena de 20 años de prisión; sin embargo, los jefes de ese tribunal, los magistrados de la Corte Suprema, obedecen directamente las órdenes de este señor. ¿No es eso ser parte de la misma banda?
¿Acaso los magistrados del Poder Judicial y los diputados de la Asamblea Nacional no han violado ya directamente la Constitución al tomar órdenes de un reo?
Semejante desfachatez demuestra que los nicaragüenses hemos llegado a una encrucijada donde podemos tomar tres caminos: Uno es no hacer nada y resignarnos a ser gobernados por los pactistas y sus abusos. Dos esperar a que el Presidente y el Ejército decidan disolver a los poderes que navegan en la ilegitimidad e ilegalidad y depositar nuestro destino en manos de los militares. O tres, salir a las calles y exigir un referendo, paralizar todo y no moverse hasta que éste se dé y así tomar control de nuestros destinos. Es uno de esos tres. Nada más.
