Pablo Sanabria
“Así como el colectivismo dictatorial es la degeneración de la colectividad y la negación de la persona, el individualismo neoliberal es la degeneración de la persona y la negación de la comunidad”.
(J.I. González Faus, SJ)
La transición hacia la democracia en Centroamérica enfrenta grandes desafíos. El mayor de ellos consiste en lograr un equilibrio entre la generación de riqueza y la justicia social. El fracaso del socialismo en Europa del Este y del sandinismo en Nicaragua demuestra que los pueblos del mundo han optado por la libertad ideológica. La gente no quiere que le controlen su pensamiento ni que cercenen sus libertades individuales. Pero tampoco quiere ser económicamente oprimida. Las políticas económicas neoliberales implementadas en Nicaragua pueden fácilmente degenerar en una opresión económica de los sectores marginados.
En efecto, el crecimiento económico, en el contexto neoliberal, demanda medidas que inevitablemente afectan a la clase trabajadora. Por ejemplo, la compactación de personal (funcionar con el mínimo posible de empleados), la reducción de salarios (se congelan los aumentos y se deja que la inflación disminuya su valor real) y la contención del gasto público de naturaleza social (inversión limitada en salud, educación, servicios e infraestructura). En la realidad inmediata, estas medidas se traducen en más pobreza, menos beneficios laborales y mayor índice de desempleo. Aunque el Gobierno y la empresa privada anuncien que la economía “está creciendo”, la gran mayoría de los nicaragüenses siente que su nivel de vida empeora cada día. ¿Qué significan las estadísticas globales para un desempleado o para un padre de familia que, a pesar de trabajar durísimo, no puede alimentar adecuadamente a sus hijos ni proveerles de una vivienda digna?
Y ya que el neoliberalismo económico es la única opción de desarrollo que tienen los países latinoamericanos, pienso que nuestros gobiernos deberían sentir la responsabilidad de paliar sus efectos sobre los pobres. ¿Cómo? Creando políticas de Estado que regulen al capital y protejan a la clase trabajadora. Estableciendo tasas de impuestos diferenciadas (el que tiene más debe pagar más). Regulando los precios de los productos de consumo básico así como los servicios básicos (agua, electricidad, transporte). Estableciendo como ley el reajuste del salario de los trabajadores cada seis meses según nivel de inflación registrado, etc. Si existe la voluntad política de promover la justicia social en el contexto del libre mercado, hay maneras de hacerlo.
La generación de riqueza no va a beneficiar automáticamente a los trabajadores cuyas necesidades son inmediatas. No basta, pues, con anunciar la llegada de nuevos inversionistas al país. El pueblo necesita una respuesta más concreta. Quiere ver a un Presidente que se atreve a tomar decisiones arriesgadas para beneficiar a la mayoría que le ha elegido para el cargo; que promueve la justicia social aunque tenga que pagar un precio. Que sin dejar de representar a ningún sector social se define claramente como un defensor de los pobres. Un Presidente con estas características no tiene que preocuparse por sus oponentes políticos pues tendría tras de sí suficiente apoyo popular para enfrentarlos.
El autor es abogado
