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Sin poder y sin autoridad
No cabe ninguna duda de que las reformas constitucionales que se están aprobando en la Asamblea Nacional son para quitarle atribuciones al Presidente de la República, y trasladarlas a los mismos diputados que son los que “parten, reparten y se quedan con la mejor parte”.
Con estas reformas se modificará radicalmente el sistema político de Nicaragua y por eso algunos constitucionalistas consideran que hubiera sido mejor aprobar una nueva Constitución. O que por lo menos las actuales reformas constitucionales parciales debieron ser sometidas a una consulta popular previa, y a un referendo posterior, para que los ciudadanos decidan democráticamente si están de acuerdo o no con el cambio de sistema de gobierno.
Pero por la índole autoritaria —somocista y sandinista— de los diputados libero-sandinistas, es “por sus pistolas” que están imponiendo las nuevas reformas constitucionales. Con ellas los del PLC quieren vengarse del presidente Bolaños porque éste acusó por corrupto a Arnoldo Alemán y lo mandó a la cárcel; mientras que los sandinistas aprovechan para avanzar en su estrategia de dominar poco a poco todos los mecanismos de poder real; mientras ambos, PLC y FSLN, siguen repartiéndose los cargos y prebendas del Estado.
De acuerdo con la Constitución (artículos 92, 94, 97, 113 y 138) el Presidente de la República tiene 21 atribuciones de poder político, algunas de las cuales son formales y protocolarias, como otorgar condecoraciones honoríficas, reglamentar las leyes que los diputados quieran que reglamente y otras de la misma e inferior categoría.
En realidad, después de la reforma constitucional de 1995, con la que se suprimió el presidencialismo excesivo que fue establecido expresamente para Daniel Ortega en la Constitución sandinista de 1987, las únicas atribuciones de poder real que le quedaron al Presidente de la República fueron las de ejercer la autoridad suprema de las fuerzas armadas —militares y policiales— y, por lo tanto, ordenar la intervención del Ejército en situaciones de calamidad, desórdenes o desastres naturales; declarar por tiempo determinado el Estado de Emergencia Nacional; formular el Presupuesto General de la República (que aprueba la Asamblea Nacional); proponer (sólo proponer) candidatos para la dirección de los otros poderes e instituciones superiores del Estado (CSJ, CSE, Contraloría, etc.); vetar o promulgar leyes; nombrar ministros y otros altos funcionarios del Poder Ejecutivo; dirigir la política exterior del Estado; organizar y conducir el Gobierno; y dirigir la economía nacional.
Pero al aprobarse las nuevas reformas constitucionales como consecuencia del pacto del FSLN con el PLC, el Presidente de la República perderá la capacidad de dirigir realmente la política del Gobierno ya que sus ministros quedarán supeditados a los diputados ; y tampoco podrá dirigir la economía nacional ni la política internacional. Será, como han dicho y aclarado algunos constitucionalistas, como un presidente de los sistemas parlamentarios europeos o como los reyes de las monarquías constitucionales, que se limitan a representar protocolariamente al Estado, reciben las cartas credenciales de los embajadores extranjeros, viajan por el mundo en misiones especiales y gastan el dinero de los contribuyentes en fiestas, recepciones y obras de caridad.
Si nos atenemos al principio universalmente reconocido de que el poder político supone tener atribuciones efectivas, y sobre todo capacidad de hacerse obedecer, estamos claros de que el presidente Enrique Bolaños está siendo despojado del poder presidencial que sus electores y, por mandato de la ley, toda la nación, le delegaron cuando lo eligieron democráticamente mediante el voto popular.
Pero el hecho de que los diputados pactistas libero-sandinistas asuman las atribuciones y por lo tanto el poder que le están quitando al Presidente de la República, no significa que ellos están adquiriendo autoridad. La autoridad sólo la concede el pueblo en las urnas electorales, pero en elecciones libres y limpias no como las fraudulentas que hace el actual Consejo Supremo Electoral. La autoridad la poseen las personas en las que se confía y son respetadas por su capacidad, por su honestidad y por el valor de lo que hacen. Y éste no es el caso de los diputados libero sandinistas.
Nicaragua sigue haciendo historia, ahora porque tendrá un Presidente de la República sin poder y una Asamblea Nacional sin ninguna autoridad.
