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Profanación del sufragio
Con fecha 17 de noviembre corriente, la Organización de Estados Americanos (OEA) divulgó un comunicado sobre el informe de la misión de observación electoral de dicho organismo que vigiló los recientes comicios municipales.
Según el comunicado de la OEA, las últimas elecciones municipales de Nicaragua “cumplieron con los requisitos democráticos”. Sin embargo, los observadores electorales de la OEA señalaron “la necesidad de que prevalezca el diálogo, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos”.
Además, según el comunicado de la OEA, el informe de la observación electoral “destaca el civismo que caracterizó al proceso que culminó con los mencionados comicios, pero reitera el pesar por los sucesos ocurridos en el municipio de Juigalpa, que ocasionaron la muerte de la periodista María José Bravo”. O sea que según la OEA, la periodista de LA PRENSA, María José Bravo, murió como consecuencia de algún disturbio político, cuando la verdad es que fue asesinada, ante testigos, cuando tranquilamente conversaba con personas que se encontraban en las afueras del Consejo Departamental Electoral (CED) de Chontales, en la ciudad de Juigalpa.
También menciona el comunicado de la OEA “denuncias y quejas recibidas durante las diferentes etapas del proceso electoral”, e “invita al Consejo Supremo Electoral para que realice una revisión minuciosa de los conflictos suscitados, con la finalidad de despejar toda duda sobre la legalidad y legitimidad de los resultados electorales que actualmente están siendo cuestionados o en disputa por los partidos políticos”.
Sin duda que esa parte del comunicado de la OEA se refiere a los casos de Granada, Santo Tomás y San Francisco de Cuapa, en los que la alianza Apre reclamó la victoria pero ésta fue adjudicada al FSLN y al PLC, los dos partidos que controlan el Poder Electoral y que aplican la antigua regla mañosa de “el que reparte, se queda con la mejor parte”.
En realidad, no cabe duda de que el FSLN fue el ganador principal de las elecciones municipales del 7 de noviembre, y que el PLC quedó en segundo lugar. Pero no les bastó con eso a los partidos pactistas. En su voracidad lo quieren todo sólo para ellos y, además, por castigar a quienes desafían el paralelismo libero-sandinista profanaron el voto ciudadano con turbios recuentos de votos y reasignaciones de triunfos electorales. Y fue tan descarada la maniobra, que hasta la timorata OEA tuvo que pedirle al CSE “una revisión minuciosa de los conflictos suscitados, con la finalidad de despejar toda duda sobre la legalidad y legitimidad de los resultados electorales…”
Se dice que en ninguna parte del mundo hay una elección absolutamente limpia, transparente y honesta. Y debe ser cierto, porque son seres humanos —y además, políticos— quienes las organizan, los que cuentan los votos y reparten los cargos elegidos. Pero aquí las maniobras se hacen de manera tan descarada como ofensiva.
Además, así como la corrupción es un defecto de la naturaleza humana pero en los países que son gobernados de manera decente se promueve la transparencia y la honestidad, y por lo tanto se castiga de verdad a los corruptos, también en materia electoral no se deben tolerar los fraudes, cualquiera que sea su forma o naturaleza. Más bien hay que denunciarlos y luchar por el respeto al voto y por la honestidad del escrutinio.
El acto electoral se funda en una vinculación del derecho y la capacidad de elegir que tiene el ciudadano o elector entre diversas opciones políticas, con la vigencia efectiva —o sea su aplicación y respeto ante todo por las autoridades electorales— de normas jurídicas que garanticen y protejan el derecho electoral, las libertades civiles y los derechos políticos. Si no se cumplen esos requisitos fundamentales de la democracia, no hay verdaderas elecciones, sino farsas electorales, como las que se hacían en Nicaragua durante el somocismo, como la que se hizo bajo el régimen sandinista en 1984, como se hacen actualmente en Cuba, Venezuela o Zimbabwe, que son los países modélicos de la entente libero-sandinista.
Nicaragua está retrocediendo de manera alarmante, por culpa de los pactistas libero-sandinistas. Y algo tienen que hacer los ciudadanos para que la precaria institucionalidad democrática nicaragüense, incluyendo la electoral, no se siga pervirtiendo y perdiendo credibilidad y autoridad.
