Juan José Lacayo
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Mandatario explica veto a cuatro leyes
Juan José Lacayo
El presidente Enrique Bolaños explicó anoche las razones que lo movieron a vetar total y parcialmente el pasado 11 de noviembre, cuatro proyectos de ley aprobados recientemente por la Asamblea Nacional de Nicaragua, entre ellos un proyecto para conceder indultos a personas condenadas por narcotráfico y lavado de dinero, así como la polémica Ley de Carrera Judicial.
“La razón principal es que mi conciencia me obliga a vetar los proyectos de ley que violan la Constitución y las leyes o que lastiman o hacen peligrar la seguridad y el progreso del pueblo, tal como juré hacerlo cuando asumí el cargo de Presidente de la República”, dijo el gobernante en un mensaje dirigido a la Nación.
El mandatario explicó que los proyectos de Ley 506 y 507, los vetó porque pretenden conceder el indulto a condenados por narcotráfico y lavado de dinero, pese a que la ley correspondiente, en su artículo 78, dice claramente que los reos procesados por esos delitos no podrán ser excarcelados por ningún motivo, ni podrán gozar de los beneficios de libertad condicional, del indulto ni de la amnistía.
“Más claro no canta un gallo… Yo quisiera que todos ellos estuvieran fuera de la prisión, pero simplemente la ley no permite esos indultos. Ignoro el porqué la honorable Asamblea Nacional pretende incumplir la misma ley que ella aprueba”, se preguntó.
Sobre el veto parcial a la Ley de Carrera Judicial, recordó que aunque fue sometida a consideración del Parlamento por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue objeto de dos dictámenes contradictorios, uno mayoritario de la bancada liberal y otro minoritario de la bancada sandinista.
Bolaños indicó que en aras de despartidizar al Poder Judicial y crear una estructura que brindara seguridad jurídica a la población, propuso constituir un Consejo Nacional de Administración de la Carrera Judicial, integrado por miembros de la actual CSJ y abogados de reconocida trayectoria, honestidad y capacidad.
Ese Consejo, según el proyecto del Ejecutivo, se dedicaría a administrar el Poder Judicial y a ejercer las labores disciplinarias, integrado por dos magistrados de la CSJ y tres representantes de la sociedad civil. El resto de magistrados conservarían sus facultades jurisdiccionales para emitir sentencias, evitando la retardación de justicia.
En relación al proyecto de ley con el que se pretendía incrementar del cuatro y medio por ciento al seis por ciento las transferencias presupuestarias a los municipios, el Presidente explicó: “Lo veté simplemente porque el alza propuesta afecta seriamente el programa económico de reducción de la pobreza”.
Advirtió que dicho incremento causaría desequilibrio en 185 millones de córdobas que provocarían trastornos a las contrapartidas de programas financiados con ayuda externa.
