Roberto Courtney
Muchas de las singularidades del sis-tema electoral de Estados Unidos tienen su origen tanto en aspectos virtuosos como pecaminosos. Otras se deben a la negligencia en la que naturalmente caen los sistemas que no son activamente cuestionados.
Un ejemplo de esto último son las máquinas de votación en la Florida, que funcionaron deficientemente por años, pero se sustituyeron sólo cuando ya habían puesto en vergüenza a todo el país. Por otro lado el sistema de escoger el presidente por voto popular indirecto genera la engorrosa posibilidad, ya materializada en tres ocasiones, de que el ganador del voto popular no sea electo presidente. Sin embargo, en su origen, este ahora problemático método de selección estuvo ligado al vanguardismo democrático de este país en los siglos 18 y 19. Mas aún, está ligado a una de las claves del éxito de ese país: un sistema federal con un gobierno central fuerte, al que los diversos Estados se fueron uniendo de manera voluntaria, reteniendo para cada uno de ellos algunos derechos, entre ellos, el de cada uno organizar sus elecciones. Ojalá Centroamérica hubiera escogido un camino similar, en vez de atomizarse en cinco repúblicas.
Por otra parte, por su origen esclavista, al inicio todos los Estados de la Unión limitaron el derecho al voto a unos pocos hacendados blancos y el tema del derecho a votar ni se mencionó en la Convención Constitucional de Filadelfia en 1776 que escribió la Constitución que rige aún hoy. Es por eso que Estados Unidos es apenas una de 11 democracias electorales (de 117 en el mundo) que no recoge aún el derecho constitucional al voto universal.
Pero un país considerado la primera potencia mundial, financiera y militar, con altísimos índices de desarrollo humano y reconocido como un sistema democrático de alto nivel, no puede estar haciendo las cosas tan mal como a veces se dice o se piensa. Los problemas y conflictos electorales del año 2000 pusieron en evidencia la capacidad del sistema de abordarlos y resolverlos por mecanismos institucionales sin que degeneren siquiera en mínimas situaciones de inestabilidad. Además, todas las encuestas muestran apoyo ciudadano a su sistema de gobierno y hay respuestas concretas a problemas mayores, como el reemplazo de todas las máquinas de votación en la Florida. En ese entorno se deben considerar las seis recomendaciones de la delegación de observación a mi cargo en la Florida. Las recomendaciones, compartidas en gran medida por los resultados de la Comisión Presidencial Carter-Ford, son:
1. La ausencia de un derecho al voto de orden constitucional y la falta de una Autoridad Electoral Central genera 50 leyes diferentes y un control partidario en cada Estado y condado de la unión, lo que promueve el tipo de maniobras para fomentar y contabilizar los votos de ciertos grupos y alejar de las urnas a otros, según la conveniencia del partido que controla la jurisdicción. También genera baja profesionalización y métodos alternos de votación, (por ejemplo, en Ohio, votaran con las máquinas que ya descartó, por muy buenas razones, la Florida.)
2. En esa situación las maniobras partidarias para promover la participación de ciertos grupos y la exclusión de otros es un juego que subraya la necesidad de una observación electoral nacional no partidaria, de una vigilancia ciudadana que inyecte credibilidad y participación
3. Las nuevas máquinas de votación en la Florida carecen de un verificable sendero de papel y de un examen por evaluadores independientes.
4. Existen bajos índices de participación electoral (aproximadamente el 50 por ciento de los ciudadanos están empadronados, de éstos casi la mitad vota y por eso los presidentes resultan electos con el voto favorable de menos del 20 por ciento de los ciudadanos). Para promover la participación se utilizan métodos como las boletas provisionales y el voto en ausencia. Se espera que un 25 por ciento de los votos en esta elección sean emitidos por estas dos vías que presentan menores garantías de que estos votos sean libres y, eventualmente, contabilizados.
5. Aún siete Estados activamente impiden el voto de las personas que han sido alguna vez condenadas a más de un año de cárcel. Estas personas no pueden votar de por vida, aun después de cumplir su sentencia. El estándar internacional es claro: al cumplir la sentencia, las personas deben recuperar sus derechos. Estas leyes afectan al 16 por ciento de los negros en la Florida, y alimenta un índice de participación electoral todavía menor de minorías y sectores pobres que existen en casi todo el país.
6. El enorme financiamiento de campañas y su posible relación con los bajísimos índices de participación electoral de la gente. La reforma a las reglas de financiamiento del año 2002 no dieron los resultados esperados, y cada vez entra más plata de sectores privados y adinerados en las campañas. Se estima que el monto utilizado tiene enorme influencia en los resultados electorales. Esto puede estar causando que los ciudadanos ordinarios consideren que los políticos están más preocupados por los grandes donantes que por los votantes, y por eso se alejen de las urnas.
Es justo reconocer que hay otras hipótesis más benévolas sobre el abstencionismo, como lo es el sentimiento de que “todo funciona, así que para qué preocuparse”, etc. Aún así, hay espacio para mejorar la legislación y la regulación. Que dentro de una iniciativa ciudadana en EE.UU., de incorporar para la primera observación electoral internacional, en un equipo de 35 personas con más de 300 elecciones de experiencia en cinco continentes, incluyendo a un delegado nicaragüense, es un reconocimiento a que nuestra tan corta como accidentada historia democrática ha servido para generar alguna experiencia que pueden servir al mundo para hacer las cosas mejor en lo electoral.
El autor es director ejecutivo de Ética y Transparencia
