Jaime Chamorro Cardenal
I. Desde la última reunión de la SIP, en marzo de este año, en Los Cabos, México, no ha habido en Nicaragua ningún asunto de relevancia sobre la situación de la libertad de prensa.
El 19 de abril, la juez del Octavo Distrito Penal, Rafaela Urroz, condenó a William Hurtado García a 21 años de prisión por los delitos de asesinato en la persona del periodista radial Carlos Guadamuz y tentativa de homicidio de Selim Guadamuz, hijo del asesinado. Tanto la familia de Hurtado como la de Guadamuz se mostraron inconformes y apelaron la sentencia.
La pena máxima en Nicaragua es de 30 años de presidio y la juez justificó la imposición de una pena menor a Hurtado expresando que el único delito que merece la pena máxima es “el asesinato atroz”. Además la juez no tipificó los disparos contra Selim Guadamuz como homicidio frustrado, sino como tentativa de homicidio, y sólo tomó como agravantes la premeditación y alevosía dejando fuera otros nueve agravantes que el Fiscal señaló y pidió que se tomaran en cuenta.
El Fiscal aseguró que el caso no sería cerrado pero hasta hoy él o los autores intelectuales siguen en el anonimato y el misterio.
El 13 de mayo la misma juez Rafaela Urroz dictó sentencia de no culpabilidad para Yadira Margarita Membreño y Luis Alfredo García, quienes eran acusados de cómplices en el asesinato del periodista Guadamuz. La idoneidad de la juez Urroz fue objetada por la familia Guadamuz, alegando que el marido de dicha funcionaria judicial, el abogado Ramón Rojas, fue defensor de Daniel Ortega en el caso de la acusación de su hijastra Zoilamérica Narváez por supuestas violaciones sexuales desde cuando ella era una niña. Por su parte la juez Urroz dijo que su marido era un abogado reconocido que había defendido a muchas personas y que creía que entre ellas se encontraba el mismo Carlos Guadamuz.
II. El recurso por inconstitucionalidad interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia contra la Ley No. 372 (Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua), sigue sin resolverse. Pero las dos asociaciones de periodistas se han puesto de acuerdo para convocar al congreso constitutivo del Colegio, como lo manda el artículo 40 de la mencionada Ley. El congreso está convocado para noviembre próximo.
Al constituirse el Colegio de Periodistas sólo los que tengan credencial de esa entidad paraestatal podrán ejercer el periodismo. Además, el Colegio determinará mediante reglamento quiénes podrán desempeñar los cargos directivos en las empresas o medios de comunicación privados o estatales. Y quienes infrinjan esas disposiciones serán encarcelados de acuerdo con lo que establece un reglamento de Policía del siglo XIX, que ya es obsoleto pero que la Ley 372 revivió para este efecto. O sea que la creación del Colegio de Periodistas en esas condiciones violaría flagrantemente la Constitución de Nicaragua, las convenciones internacionales de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la CIDH sobre la materia y la Declaración de Chapultepec.
III. En las últimas semanas se ha discutido una iniciativa legislativa de las bancadas parlamentarias de los partidos mayoritarios, liberal y sandinista, para crear una Superintendencia General de Servicios Públicos que unificaría los entes reguladores de servicios eléctricos, telecomunicaciones y agua potable, y sus titulares (Superintendente y Vicesuperintendente) serían nombrados por la Asamblea Nacional.
El Gobierno interpreta esta iniciativa como un intento de los partidos liberal y sandinista de seguir restándole atribuciones al Poder Ejecutivo, y someter los servicios públicos al control partidista. Según el mismo Gobierno esto significa una grave amenaza contra el derecho a la libertad de expresión, debido a que dicha Superintendencia estaría a cargo de las concesiones y renovaciones de las frecuencias de radio y televisión, que ahora están bajo la normativa del ente estatal Telcor (Telecomunicaciones y Correo), cuyos titulares son nombrados por el Presidente de la República. Por su parte los diputados liberales y sandinistas han negado que sea ésa su intención y alegan que el interés es unificar y racionalizar el sistema de control de los servicios públicos.
IV. El viernes 13 de agosto, LA PRENSA publicó un artículo en el que se anunció que la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic) presentaría un informe detallando acusaciones contra el juez Suplente del Quinto Distrito del Crimen, Carlos Mario Peña, y que solicitarían a la Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Corte Plena, que revisaran su actuación.
El 21 de agosto, Ajumanic confirmó públicamente la decisión que LA PRENSA había informado ocho días antes, y ese mismo día el juez Peña amenazó verbalmente a la periodista de LA PRENSA, Mirna Velásquez, quien redactó la información, dejando al descubierto que la estaba investigando al margen de la ley, lo que fue denunciado ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Policía Nacional. El viernes 27 de agosto, el Tribunal de Apelaciones de Managua admitió un Recurso de Amparo a favor de la periodista Mirna Velásquez y su familia.
La Policía concluyó las investigaciones y remitió el caso al Juzgado Octavo Local del Crimen de Managua, donde el juez que tramita el caso citó a ambas partes y en dos ocasiones a un trámite de mediación, pero Peña no se presentó. El 7 de septiembre la Corte Suprema de Justicia informó mediante comunicado que 14 de los 16 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron cancelar el nombramiento del abogado Carlos Mario Peña, como juez Suplente del Distrito Quinto del Crimen de Managua, quien fue democionado al cargo de defensor público en el Departamento de Granada. La denuncia de la periodista Velásquez permanece radicada en el Juzgado.
V. El 4 de mayo cuatro agentes de la Policía fueron atrozmente asesinados dentro de su propia estación policial de Bluefields, en la Costa Atlántica nicaragüense. Debido a las investigaciones periodísticas de este crimen que aún no ha sido esclarecido, el corresponsal de LA PRENSA en aquella ciudad, Sergio León, fue amenazado por el Subcomisionado de la Policía Nacional, Kent Hooker, cuando ambos se encontraron en un establecimiento público, en Managua. La amenaza fue denunciada ante la Inspectora General de la Policía, comisionada Aminta Granera.
Las amenazas se deben a que Sergio León informó basado en fuentes vinculadas a la misma Policía, que pidieron mantener su identidad en reserva, que el asesinato de los cuatro policías estaría relacionado con un escándalo por participación en el tráfico de drogas de varios jefes regionales del cuerpo policial, los que fueron absueltos sin explicación convincente.
Posteriormente, en la medianoche del lunes 16 de agosto, personas desconocidas se introdujeron en la vivienda del periodista Sergio León, en Bluefields, y trataron de penetrar violentamente en la habitación donde éste dormía. Los intrusos huyeron cuando Sergio León disparó al aire su arma de defensa personal. Ese mismo día, en la calle, agentes de Inteligencia policial señalaron al periodista en forma que éste consideró intimidatoria. La denuncia de esta situación fue puesta ante el Ministerio de Gobernación, pero hasta allí llegó el asunto.
El autor es Director de LA PRENSA. Texto editado del informe presentado ante la 60 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra en Antigua, Guatemala, del 22 al 27 de octubre del 2004
