Roman, Times, serif»>
De Argüello a Bolaños
El Presidente de la República fue sancionado por la Contraloría “con dos meses de salario y la destitución del cargo”, porque según los contralores él se negó a entregar la información que le solicitaron sobre aportes económicos directos que recibió durante la campaña electoral.
Sin embargo, en la misma Resolución (RIA-310-04) en la que dan a conocer esa insólita “sanción administrativa”, los contralores reconocen que ellos no tienen competencia legal para destituir al Presidente y por eso ponen el asunto en manos de la Asamblea Nacional y le piden que “proceda conforme a derecho”.
Pero tampoco la Asamblea tiene potestad para destituir al Presidente. Lo que puede hacer es suspenderle la inmunidad en el caso de que debiera ser juzgado por alguna acusación penal, para lo cual el acusador o el juez competente tendría que presentar una queja en Secretaría de la Asamblea Nacional, según lo dispone la Ley de Inmunidad. Además, al Presidente de la República sólo lo puede juzgar la Corte Suprema de Justicia.
Hay quienes opinan que lo que están haciendo los contralores y diputados arnoldistas y sandinistas es un simple disparate al que no vale la pena darle importancia. Pero no es así. Lo que hay en realidad es una conspiración para deponer al presidente Bolaños, o al menos para someterlo a las condiciones de los caciques del PLC y el FSLN, y ante todo para que Bolaños pague el costo de la liberación de cárcel y cargos al ex Presidente Arnoldo Alemán.
En realidad, el hecho de que los diputados no tengan facultad legal para destituir al Presidente de la República no significa que no puedan hacerlo por vía de hecho. Como advirtió el jefe de los diputados sandinistas, la Asamblea Nacional tiene la potestad de declarar al Presidente como incapacitado de manera total y permanente para gobernar, y en ese caso asumiría el cargo por el resto del período, el Vicepresidente José Rizo. Y para “incapacitar” a Bolaños sólo se necesita el voto de 60 diputados, dos tercios del total, según el artículo 149 de la Constitución Política de la República.
Por cierto que de esto hay jurisprudencia parlamentaria en la historia nacional. En mayo de 1947 el Congreso de la República —como se llamaba entonces la Asamblea Nacional— resolvió que el presidente Leonardo Argüello Barreto estaba incapacitado para gobernar y lo sustituyó con otro político liberal: Benjamín Lacayo Sacasa. Ahora bien, Argüello Barreto no fue declarado incapacitado para gobernar porque hubiera enloquecido de repente, ni porque sufriera un accidente como el del superman cinematográfico recientemente fallecido, sino porque llegó a la Presidencia postulado por el Partido Liberal e impuesto por el “dedazo” del cacique de entonces, Anastasio Somoza García, pero apenas le pusieron la banda presidencial quiso gobernar de manera independiente del general Somoza García y desafió su poder reorganizando los mandos de la Guardia Nacional, atreviéndose inclusive a destituir a Anastasio Somoza Debayle, hijo del primero, de un alto cargo en el Estado Mayor militar.
Algo muy parecido es lo que ha ocurrido ahora entre el presidente Enrique Bolaños y el nuevo cacique del PLC, Arnoldo Alemán. Por eso es que los diputados liberales dicen que para ellos es una “cuestión de honor” destituirlo y cuentan con la complicidad del FSLN, con el que están amarrados en el pacto libero-sandinista. Y además, es obvio que Daniel Ortega quiere demostrar que los políticos demócratas son incapaces de gobernar, que todos son igualmente corruptos y que sólo el FSLN puede garantizar la gobernabilidad y la estabilidad institucional del país.
Lo más probable es que los diputados libero-sandinista no vayan a derrocar al presidente Enrique Bolaños y sólo quieran chantajearlo. Pero la nación no puede seguir sometida a semejante aventurerismo. Los ciudadanos deben atender el llamado de las organizaciones empresariales, cívicas y políticas democráticas, para movilizarse en defensa de la institucionalidad y la democracia.
Por su parte el presidente Bolaños tiene que asumir el liderazgo en la defensa de su propia institucionalidad, y para eso es muy importante que demuestre a la nación que en realidad los fondos de su campaña electoral no fueron de origen ilícito ni dudoso.
