Jorge Loáisiga Mayorga
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CGR no dará más tregua a Bolaños
Jorge Loáisiga Mayorga
La Contraloría General de la República (CGR) se ha declarado imposibilitada de continuar solicitando al presidente Enrique Bolaños que informe con claridad quiénes financiaron su campaña electoral y cuál es el origen de los fondos de las cuentas que estuvieron en un banco de la Isla Gran Caimán.
“Nosotros vamos a tomar una decisión sobre ese tema en esta semana y también en el caso de los delitos electorales”, confirmó el contralor Guillermo Argüello Poessy.
La CGR investiga el caso de los delitos electorales en el que según Argüello Poessy no están claras las formas de financiamiento utilizadas por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
“Los nicaragüenses tenemos derecho, no es un favor el que nos va a hacer el señor Presidente, de saber quién le financió esos millones que circularon a través de varios bancos, a través de Gran Caimán”, sostuvo el contralor Argüello.
El contralor indicó que ante la negativa del Presidente de informar sobre las cuentas en el extranjero, no les quedará más remedio que emitir una resolución y remitírsela al juez que lleva la causa de los delitos electorales.
“Vamos a resolver eso en esta semana porque ya no podemos seguir esperando. Ya le habíamos enviado una resolución para que nos enviara un informe bajo apercibimiento de determinar las responsabilidades que hubiere, pero no hubo respuesta”, aseguró el Contralor.
El Consejo Supremo Electoral (CSE), ha dicho que no existen informes de los ingresos de algunos partidos políticos cuyas autoridades son cuestionadas por cometer delitos electorales en el transcurso de la campaña electoral del 2001.
El caso de los delitos electorales está radicado en el Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Managua, a cargo del juez David Rojas y éste fue abierto por la ex titular de ese juzgado, Juana Méndez.
En diversas ocasiones, el presidente Enrique Bolaños ha desestimado las acusaciones por delitos electorales en contra de él y otras personas que trabajaron en su campaña electoral por utilizar supuestamente recursos provenientes de la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN), la que sirvió para lavar fondos del Estado.
La Ley Electoral establece en el artículo 104, que la documentación de las contribuciones privadas directas a los partidos políticos o alianzas de partidos será pública quedando esta documentación a disposición de la Contraloría General de la República.
