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Del pacto al repacto
En estos días los políticos nicaragüenses acostumbran hablar del Pacto Providencial, como se le llama al acuerdo que suscribieron el 12 de septiembre de 1856 los líderes del Partido Liberal y el Partido Conservador.
Aquel pacto, que firmaron Máximo Jerez Tellería por el Partido Liberal y Tomás Martínez Guerrero, por el Partido Conservador, es considerado como el acuerdo patriótico por excelencia en toda la historia de Nicaragua, porque es uno de los muy pocos que los políticos nicaragüenses han hecho con un interés nacional. Y por cierto que lo menos que podían hacer en aquellas circunstancias los líderes políticos del país era pactar para enfrentar juntos a la banda filibustera de William Walker que ellos mismos trajeron, más exactamente los liberales, para que les ayudaran a ganar la guerra civil contra el Partido Conservador.
Desde entonces los pactos políticos de verdadero interés nacional se pueden contar con los dedos de una mano. Realmente, los únicos que merecen ese reconocimiento fueron los que hicieron sandinistas y contras para poner fin a la guerra civil de los años ochenta del siglo recién pasado, y los de los mismos sandinistas con la oposición cívica interna para cumplir los Acuerdos de Esquipulas, que permitieron poner fin a la dictadura pro comunista del FSLN mediante la celebración de elecciones libres.
Después hubo otros pactos, algunos para hacer ajustes a la transición democrática pero otros fueron nefastos para la democracia y el interés nacional. Sobre todo ése fue el caso del pacto libero-sandinista de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega, en 1999, constitucionalizado en el año 2000, mediante el cual el Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría y la Fiscalía fueron subordinados al control de los partidos pactistas.
Ahora, líderes del PLC y del FSLN lo mismo que miembros de la sociedad civil y personalidades eclesiásticas están hablando de un nuevo diálogo nacional y acerca de la supuesta necesidad de hacer otro pacto político, según ellos para promover la reconciliación nacional y resolver los graves problemas del país.
Ciertamente, el diálogo es el mecanismo esencial para el funcionamiento apropiado de la democracia. Mediante el diálogo se disipan los temores, se propicia el entendimiento y se superan las incertidumbres, las desconfianzas y los prejuicios políticos, ideológicos y culturales. El consenso es el prerrequisito de la democracia, señala el eminente filósofo político internacional Giovanni Sartori, lo que permite construir un sistema democrático estable y duradero y ayuda al buen funcionamiento de la República.
Pero eso no significa que los políticos tengan que pasarse el tiempo haciendo pactos de toda clase y mucho menos para repartirse los cargos públicos y los recursos materiales y económicos del Estado, como si fuesen un botín de vencedores y repartidores, que es sin duda lo que pretenden hacer los líderes políticos liberales y sandinistas con el nuevo diálogo nacional del que están hablando y el otro pacto que están tramando.
La verdad es que no es cierto que el país se esté desplomando por los desacuerdos y pleitos de los políticos y mucho menos porque Arnoldo Alemán está preso por corrupto. Por el contrario, esto le ha levantado la moral a la nación y es la única razón por la cual al país se le está respetando en la arena internacional. Lo que pasa es que los pactistas quieren que se ponga fin a la lucha contra la corrupción, que se libere a Arnoldo Alemán mediante una ley de amnistía, mantener su control partidista sobre el Poder Judicial e imponer una ley de carrera judicial libero-sandinista para dejar las cosas como están. Y, lo más importante para ellos, quieren repartirse las instituciones autónomas del Estado —INSS, Lotería, Enap, etc.— que manejan grandes cantidades de dinero.
A cambio de eso los pactistas dejarían de amenazar al presidente Bolaños con procesarlo por supuestos delitos electorales y recortarle su período gubernamental.
Pero el Primer Mandatario de la Nación no debe ceder ante ese chantaje. Si lo hiciera, renunciaría a los únicos méritos que ha hecho como gobernante de Nicaragua, que son los de haber impulsado la lucha contra la corrupción y mantenerse independiente de los caudillos corruptos y autoritarios que tienen secuestrada a la nación.