En el Día de la Constitución

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En el Día de la Constitución





Seguramente la mayoría de los nicaragüenses ignora que existe el Día de la Constitución. Al parecer ni siquiera las personas que ejercen la autoridad gubernamental saben del Día de la Constitución, incluyendo a las de Educación, que de acuerdo con la ley tienen la obligación de celebrarlo como medio de formación cívica de los estudiantes y para cultivar una nueva conciencia y cultura democrática en la población.

En efecto, en el artículo 3 de la Ley de Promoción de los Derechos Humanos y de la Enseñanza de la Constitución Política, que fue dictada por la Asamblea Nacional el 22 de agosto de 1995 y promulgada por la presidenta Violeta Barrios de Chamorro el 19 de septiembre del mismo año, se declara como “Día de la Constitución Política de Nicaragua, el primer lunes del mes de septiembre de cada año, y las escuelas y colegios del país dedicarán ese día al estudio y enseñanza de la Constitución Política”.

Sin embargo las autoridades gubernamentales en general y en particular las que menciona la ley como responsables directas de promover la celebración del Día de la Constitución, no lo hacen, posiblemente porque no les importa o porque ni siquiera saben que deben celebrarlo, o porque ignoran la importancia que tiene la Constitución como instrumento de educación cívica y formación democrática de los ciudadanos.

Al respecto es necesario reconocer que sólo una entidad cívica no gubernamental, la Fundación Nicaragüense de Orientación Cívica (Fundoc), y a título personal el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes), son los que se han preocupado por celebrar el Día de la Constitución, en esta ocasión por segundo año consecutivo y con eventos alusivos en las ciudades de Boaco y Masaya.

La Constitución, como se sabe, es el conjunto de normas fundamentales del Estado a las que se someten todas las leyes e instituciones públicas de la Nación. Además, la Constitución consagra legalmente el elenco de derechos, garantías, deberes y obligaciones que tienen a título individual y social todos los nicaragüenses, e inclusive los extranjeros transeúntes o los que de manera temporal o permanente residen en Nicaragua.

La Constitución Política de la República es o debe ser el instrumento jurídico y político más democráticamente elaborado, porque tiene que representar el consenso de todos los nicaragüenses acerca de los valores, principios y normas fundamentales que rigen la convivencia social y la gobernabilidad política. Y si no es así actualmente porque la Constitución fue defectuosamente elaborada, o porque al redactarla sólo se tomaron en consideración los intereses, derechos y opiniones de una parte de los nicaragüenses, el texto constitucional tiene que ser modificado, e inclusive sustituido, de conformidad con los procedimientos establecidos y en base a la voluntad democrática de toda la población.

Al respecto hay que señalar que a la luz de los conflictos institucionales que están planteados actualmente entre los representantes de los poderes del Estado, por disputas de cuotas de poder, se advierte la imperiosa necesidad de una reforma de la norma constitucional. La verdad es que resulta gravemente perjudicial para la salud de la República y la democracia, que grupos de aventureros políticos se hayan apoderado de las instituciones legislativa, judicial y electoral del Estado, y que no haya una instancia que de manera legal las controle y ponga coto a sus abusos.

Sin duda que hace falta un tribunal constitucional ante el cual puedan apelar y esperar justicia las personas naturales y jurídicas, ciudadanos e instituciones que son a menudo afectadas por las decisiones administrativas, legislativas y judiciales que son groseramente arbitrarias y corruptas.

Por supuesto que un tribunal constitucional —como el que existe en casi todos los países democráticos, precisamente para garantizar la defensa de la misma Constitución frente al legislador y el funcionario jurisdiccional ordinario— tendría que ser integrado con personas probas que tengan capacidad moral y profesional para desempeñar una función tan delicada como esa, en un ambiente tan corrupto y autoritario como el que hay en Nicaragua actualmente.

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