Jeffrey McCrary*
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¿Y la resolución sobre las tilapias?
Jeffrey McCrary*
En junio de este año el Tribunal Centroamericano del Agua dio audiencia a una denuncia contra el cultivo de tilapia en jaulas flotantes en el Lago de Nicaragua, manejado por una empresa internacional en la Isla de Ometepe. Este proyecto seguramente tiene mucho potencial de lucro para los beneficiarios; sin embargo se ha expresado una gama de inquietudes de parte de otros sectores sobre los impactos ambientales y secuelas económicas.
El jurado del Tribunal, constituido por los destacados nicaragüenses Jaime Incer Barquero y Francisco —Ché— Laínez y tres juristas de otros países, superó un aspecto muy espinoso del problema que había atascado el diálogo necesario para llegar a un análisis claro, sin pasiones e intereses, incluyendo todos los aspectos necesarios para hacer una conclusión más apropiada para el país.
Fundamental en la historia de este proyecto ha sido la participación directa o indirecta de gente de mucha influencia, y los polos de poder en el país se encuentran con lazos de alguna manera allí. Con la sucesiva acumulación de datos sobre impactos de la tilapia y su divulgación en diferentes foros en el país, se ve un contraste rotundo entre los eventos debajo del agua —los peces estudiados— y las posturas sostenidas en los pasillos de los organismos gubernamenales, de cooperación, investigación y educación, los supuestos guardianes de la búsqueda de la verdad.
Este pez, con mucho potencial económico, presenta a su vez ciertos peligros para la fauna acuática y otros servicios ambientales del agua. Pero nuestros argumentos han sido descartados por las autoridades competentes y los proyectos de cultivo de tilapia siguen sin contemplar las consecuencias ambientales de introducción de heces o de la introducción de los peces en el ecosistema. El proyecto no cumple con las normas internacionales ni con la ley en lugares como Florida o Noruega; sin embargo, los clientes en los restaurantes de comida rápida en el exterior gozan de su “fish sandwich” sin la menor preocupación, mientras los impactos ambientales se quedan aquí.
Un consenso claro ha emergido entre los especialistas en biodiversidad acuática: la introducción de tilapias en aguas naturales es peligrosa y debe evitarse. Sin embargo, hasta ahora esta conclusión ha sido recibida con censura, boicot y hasta amenazas de demandas judiciales. Excepción honorable y destacada es mi querido colega, doctor David Hughes, del Ave María College, especialista en acuicultura, que aunque no concuerde con nuestras opiniones es los suficientemente diáfano para discutir abiertamente las diferencias, y publicar sus aportes en un foro científico.
Si bien es cierto que la mayor parte de los científicos de “peso pesado” que estudiamos la naturaleza en Nicaragua somos extranjeros, también la mayoría o posiblemente todos los proyectos de cultivo de tilapia, que han resultado en destrucción de hábitats acuáticos de nuestros guapotes, mojarras y otros peces nativos, son apoyados por organismos internacionales. Sin embargo, todos los denunciantes que se presentaron en la demanda contra el Gobierno de Nicaragua y una empresa internacional eran nacionales: activistas que abogan por la naturaleza, ciudadanos, empresarios, y científicos. Ninguno de ellos fue extranjero. Sus argumentos no claudicaron bajo los intereses personales, familiares, o profesionales de los juristas.
La resolución del jurado fue clara: Nicaragua necesita revisar este proyecto totalmente de nuevo, y debe dejar de otorgar nuevos permisos de este tipo. La conclusión del jurado fue igual a la que los científicos hemos ido sumando poco a poco, por mucho tiempo, basada en los hechos debajo del agua, y no en los enlaces profesionales y familiares con las personas que tienen intereses ahí.
La aprobación del proyecto de Ometepe no fue transparente en primer lugar y por eso ahora los defectos son tan evidentes. Ya que el primer pronunciamiento se ha dado sobre el proyecto, recomiendo que en la UCA o en otra institución de igual prestigio e interés por el ambiente y desinterés en el lucro de los particulares, se celebre un foro público en que todos los aspectos de esta actividad sean incluidos. En vez de excluir un dado grupo de antemano, o censurar un punto de vista, como ha sucedido recientemente, todos los interesados debemos participar en una discusión abierta de esta actividad, para encontrar un camino que concuerde con las múltiples necesidades en el desarrollo en Nicaragua y las perspectivas científicas sobre el medio ambiente.
La autoridad gubernamental del ambiente debería dar pasos enérgicos para retomar esta sentencia y poner en claro su papel, ya que la empresa en su descargo de responsabilidades mencionó en esa audiencia que ella cumple con lo dictado por la autoridad gubernamental competente.
* El autor es biólogo
