Gabriel Solórzano
Recientemente concluí mi período de tres años como presidente del grupo cívico Ética y Transparencia. Considero que ocupar la silla labrada por personajes del calibre de Emilio Álvarez, Roberto Calderón y Carlos Tünnermann es una de las mayores distinciones ciudadanas en Nicaragua. A agradezco de manera pública este honor, a la vez que expreso mi certeza de que Pablo Ayón, nuevo presidente de Ética y Transparencia, es una magnífica elección de parte de un consejo directivo que tenía tanto de donde escoger.
Al menos para mí, éste es un momento valorativo de los tres calendarios deshojados desde la trinchera cívica en la que estamos todos —o casi todos— los nicaragüenses, buscando, de tantas maneras, convencer, incentivar y presionar a las autoridades a cumplir con el mandato para el que han sido electas o nombradas: gobernar con honestidad y eficiencia.
Lo digo sin ninguna duda: igual que en el resto del mundo, los gobernantes de Nicaragua serán siempre el reflejo fiel de lo que los ciudadanos les exijan ser. Y desde hace mucho tiempo, es hora de exigir más.
El reto, a mi manera de ver, no es nuevo, ni sólo de los nicaragüenses. Hace nada menos que 2,500 años, durante la guerra del Peleponeso, los Señores del Mar, los atenienses, llegaron al pueblito de Melios para someter a sus habitantes y les exigieron con apenas la necesaria diplomacia que se declararan súbditos de Atenas, para evitar una carnicería segura e innecesaria. Los Melios les respondieron: “¿por qué someternos si hemos sido siempre neutrales y nunca los hemos amenazado?”
El narrador griego Tucídides lo expresa con unas hermosas páginas que omito por razones obvias, en las que los Melios angustiosamente buscaban argumentos para evitar la dominación.
De repente, con desesperación, plantearon el asunto en términos éticos: “no es justo, dicen ellos, que deban dominarnos pues no somos sus enemigos ni les hemos presentado causa o razón alguna”. “¿Justicia?”, respondió Atenas, “no puede haber justicia entre los que no son iguales”.
¿Qué tiene que ver esta historia con el reto de los nicaragüenses, hoy?, se preguntarán algunos. Todo este diálogo sobre el conflicto entre la justicia y el poder, es el diálogo de la democracia en Nicaragua hoy, donde una población con tercer grado de primaria de educación, en promedio aprende apenas a exigir justicia y desempeño a una clase política habituada y gananciosa de convivir con la pobreza. Una clase política inmune, impune, que no se ve a sí misma ni siquiera como representantes o servidores del pueblo, sino como sus superiores, ajenos a su control.
En este diálogo desigual, aquí estamos todos, no por salvar una ideología o un régimen en que la gente vota por sus irrelevantes —no quiero decir representantes— como si fuera un absurdo concurso de belleza, es decir sin mayores controles o resultados. Estamos para construir una democracia, para hacer desaparecer esa enorme distancia entre lo que es y lo que debería ser. Pero, ¿cómo?
La respuesta es tan fácil, como es difícil implementarla. Se trata simplemente de convertir al servidor en servidor, a como lo dice la Constitución, las leyes, la lógica, y sobre todo el IVA, el IR y todas esas otras formas en que los ciudadanos pagan a los funcionarios para funcionar.
Pero, resulta que a diferencia de lo que hemos venido planteando, no es gritando por nuestros derechos que se llega muy lejos, por más justificado que sea el grito. El reto está en cumplir las obligaciones.
No hablo sólo de votar, sino de estudiar, vigilar, presionar para lograr que nuestros empleados públicos trabajen para el público. Hablo de pagar impuesto y cuidarlos. Ninguna empresa tan compleja como el Estado funciona si los dueños no la vigilan, y eso requiere mucho más que llegar a cambiar gerente un domingo cada cinco años. El deber de vigilar es doble para los pocos nicaragüenses que tenemos el privilegio de no ser pobres.
A la democracia, es decir, a la justicia y el progreso, se llega por el poder y contra el poder. En convertir al servidor público en servidor público es donde esta búsqueda encuentra. De nada sirve desear que la democracia fuera más fácil o exigiera menos de nosotros.
El reto está en cumplir mejor ese crucial deber ciudadano de vigilar a los representantes, con el esfuerzo y riesgo que esto implica.
Si lo hacemos, todos los derechos no caerán del cielo, pero sí se cumplirán por añadidura. Si no, el derecho a llorar es el único que tal vez lograremos retener.
El autor es miembro del Consejo Directivo de Ética y Transparencia
