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¿Y el Tribunal del Agua?
Tal como se informó en LA PRENSA del recién pasado sábado 7 de agosto corriente, el Presidente de Costa Rica, don Abel Pacheco, prácticamente se lavó las manos con respecto a la responsabilidad de su gobierno por la concesión minera en un lugar del territorio costarricense muy cercano a la frontera con Nicaragua, la cual produciría desechos contaminantes que irían a parar irremediablemente a las aguas del nicaragüense río San Juan y del Gran Lago de Nicaragua.
“Comparto su preocupación ya que este servidor siempre ha sido un defensor del medio ambiente y me he opuesto en reiteradas ocasiones al funcionamiento de dicha mina —expresó el gobernante costarricense en una carta que envió al organismo ambientalista nicaragüense Centro Humboldt—, sin embargo ésta funciona por hechos ocurridos en gobiernos anteriores”.
Pero si el gobernante de Costa Rica asegura que nada puede hacer para evitar que esa explotación minera contamine las aguas del San Juan y del Cocibolca —a pesar de que afectaría también a los mismos costarricenses que explotan el turismo ecológico en su zona fronteriza con nuestro país—, las autoridades de Nicaragua sí pueden y tienen la obligación de hacer todo lo que sea necesario y posible, para impedir que se continúe dañando esos preciosos recursos hídricos.
Por ejemplo, el Gobierno debería exhortar al Tribunal Centroamericano del Agua para que con la misma diligencia con que condenó a Nicaragua en marzo y en junio de este año —por la supuesta desviación del Río Negro en la frontera con Honduras, y por permitir el cultivo de pez tilapia en el lago Cocibolca—, también condene a Costa Rica por la concesión minera que amenaza con causar graves e irreparables daños a las aguas del río San Juan y el Gran Lago.
Es cierto que las resoluciones del Tribunal Centroamericano del Agua no son de cumplimiento obligatorio para nadie. Pero sus fallos tienen un gran impacto político y colocan a los Estados a los que condena moralmente, como violadores de los acuerdos internacionales para proteger el medio ambiente, que no es patrimonio ningún país en particular sino de la humanidad en términos generales.
Inclusive Nicaragua perfectamente podría y debería recurrir ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) para pedirle hacer algo para impedir que Costa Rica siga contaminando las aguas del San Juan y el Cocibolca.
Hace cuatro años, en el 2000, más de 180 países miembros de la ONU, incluyendo a Nicaragua y Costa Rica, aprobaron la Declaración de los Objetivos del Milenio que es un compromiso para alcanzar, en el curso de los siguientes 25 años, diversos objetivos fundamentales, entre ellos la protección de los recursos naturales y la sustentabilidad ambiental. Posteriormente, a fin de alentar el cumplimiento de tales compromisos, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, propuso un Pacto Global alrededor de nueve principios universales, entre los que destacó la protección del medio ambiente.
El cumplimiento de ese principio universal obliga a todos los gobiernos a promover el desarrollo sustentable como el único camino apropiado para mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras de la humanidad. Eso significa, entre otras cosas, que la inversiones extranjeras y las concesiones que sean necesarias para promover el progreso nacional y social, no deben perjudicar el ecosistema propio ni el ajeno.
Pero, por otro lado, el Gobierno de Nicaragua tiene que predicar con el ejemplo, o sea que tampoco debe autorizar concesiones de explotaciones mineras en las cercanías del río San Juan y del Lago de Nicaragua, por la misma razón de que podrían aumentar la contaminación de esos recursos hídricos fundamentales.
Nicaragua tiene muchas y buenas posibilidades de desarrollo económico sostenible. Pero al parecer hay una tendencia irrefrenable a destruir el patrimonio natural, sin reparar en el grave daño que se hace a los mismos nicaragüenses de hoy y del mañana.
