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Gobierno tardío no es gobierno
La justicia tardía no es justicia, reza el antiguo aforismo. En realidad, más bien es un escarnio que judicialmente se le reconozca la razón a alguien que clamó oportunamente por justicia, cuando el daño que se le causó ya es irreversible.
Esa misma regla hay que aplicarla a un gobierno que toma decisiones hasta después de que los acontecimientos causaron graves daños a la sociedad. Dicho con otras palabras, un gobierno que reacciona tardíamente a los acontecimientos no es un verdadero gobierno, porque gobernar es resolver, no simplemente mandar.
Decimos lo anterior a propósito de que ya transcurrieron casi dos meses desde que se adoptaron los acuerdos con el Consejo Nacional de Universidades (CNU), que pusieron fin a la última crisis por el 6 por ciento, y dentro de poco comenzará la discusión del próximo Presupuesto General de la República, pero el Gobierno ha sido incapaz de tomar la iniciativa para el debido cumplimiento de aquellos compromisos.
Al respecto hay que reconocer que el Consejo Nacional de Universidades (CNU) ha demostrado más interés que el Gobierno en el cumplimiento de los acuerdos y al parecer no quisieran que ocurriera una nueva crisis por la asignación presupuestaria para las universidades públicas y las privadas que por ley reciben financiamiento público. Así lo ha demostrado el CNU al presentar esta semana a sus representantes para los equipos de seguimiento a los acuerdos del 9 junio pasado.
Como se recordará, los rectores del CNU por un lado, y en representación del Gobierno de la República el Ministro de Hacienda, Eduardo Luis Montiel, y el Secretario de la Presidencia, Eduardo Montealegre, por la otra parte, suscribieron en esa fecha un acuerdo mediante el cual el Poder Ejecutivo se comprometió “a entregarle a las instituciones de educación superior un complemento —a la asignación presupuestaria previamente establecida en la Ley Anual del Presupuesto del 2004— de 139.4 millones de córdobas” (LA PRENSA, jueves 10 de junio, 2004). Además, en esa misma ocasión, las dos partes en conflicto acordaron “crear una comisión especial como un mecanismo de diálogo para estrechar relaciones entre el Gobierno y las universidades; el CNU promoverá un foro nacional para discutir temas del sistema educativo en general; y el Gobierno trabajará en un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar la educación terciaria (universitaria o superior) y todo lo que se relaciona con la acreditación universitaria”.
Quince días después, en la edición de LA PRENSA correspondiente al jueves 24 de junio, alentamos desde esta misma columna editorial al Gobierno y al CNU a que comenzaran cuanto antes a implementar los acuerdos, “a fin de que su contenido no quede en un catálogo de buenas intenciones. Los problemas de la educación superior no comienzan ni terminan con el tema del seis por ciento. Se requiere una reflexión serena y profunda, seguida de un diálogo franco y bien intencionado, a través del cual puedan superarse los principales problemas de la educación superior nicaragüense”.
Sin duda que los grandes problemas de la educación superior en Nicaragua son diversos y requieren tratamientos diferenciados. Pero ante todo hay que resolver el que más conflictos genera y más daño le causa a la sociedad, que es el cálculo del seis por ciento del Presupuesto que por ley le corresponde al CNU.
Cuando los rectores visitaron al Consejo Editorial de LA PRENSA, durante el violento conflicto de hace dos meses, aseguraron estar dispuestos a discutir una solución definitiva de este problema. Y esta semana, el rector de la UNAN-León, doctor Ernesto Medina, reiteró que: “En el acuerdo no se dice que vamos a discutir el marco legal del seis por ciento… pero si dentro de esta discusión salen esos temas, el CNU está abierto a esta discusión”.
El Gobierno debería tomarle la palabra a los rectores del CNU. ¿O es que espera que haya otro estallido de violencia universitaria -cuando se tenga que discutir y aprobar el Presupuesto- para volver a claudicar ante el uso de la fuerza?
