Freddy Potoy Rosales
MADRID, ESPAÑA.— El impulso del proyecto de e-gobierno en manos de Eduardo Montealegre, secretario del Presidente de la República de Nicaragua, podría ser el punto de partida de la visión de una política integral de ciencia y tecnología que tanto necesita el país. No obstante, observo que hace falta ese concepto unitario del criterio profesional en cuanto a la articulación del engranaje de esa política de desarrollo de telecomunicaciones, tecnología y legislación.
A la vez que celebro estas iniciativas porque me permiten no esconder la cara cuando debato en la universidad sobre Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (TIC), pues creo que esta área es una de las más importantes para un país en desarrollo y así lo refleja tanto el Primer Informe Anual Mundial sobre Piratería de Software, publicado por la Business Alliance Software (BAS), como un recién salido informe de la Fundación Auna (vinculada a un operador de telecomunicaciones) en España, que refleja la importancia del desarrollo de las telecomunicaciones y las tecnologías en los países pobres.
Sin embargo, lamento tener que hacerle ver a Montealegre que tenga cuidado con lo que le dice su gente de confianza, o los más allegados, dado que se pueden cometer los mismos errores, abusos y echar a perder una buena iniciativa, tal como pasó con algunas cosas en el Sigfa, lo cual publicamos en LA PRENSA. Montealegre debe escuchar y confiar en el criterio de profesionales, técnicos y de gente que no está por conveniencia a su lado y que tiene criterios, perspectivas y conocimientos más amplios del tema.
Una política integral de ciencia y tecnología implica ofrecer una perspectiva amplia de las TIC. No sólo debe ser el e-gobierno, sino la e-Banca, e-Salud, e-Formación, e-Ciencia, e-Deporte, velar por el desarrollo tecnológico que beneficie a los discapacitados, incentivar pero a la vez controlar a los operadores de telecomunicaciones, fomentar la investigación, el desarrollo y la inversión, así como impulsar iniciativas de cuerpos normativos que caminen a la par de los proyectos tecnológicos para que el derecho no vaya detrás de la ciencia.
He leído un artículo del periodista Iván Olivares, publicado en la revista Confidencial y las observaciones del ingeniero Raúl Chang, Secretario Ejecutivo del Conicyt y de los expertos informáticos, Cornelio Hopmann e Yves Chaux, me parecen oportunos, dado que Nicaragua debe ganar terreno, al menos, en el entorno latinoamericano.
Sin embargo, insisto, me preocupa esa falta de visión integral, unitaria y de perspectivas al ver tantas cosas dispersas: proyectos de Conicyt por un lado, proyectos como el Sigfa y ahora el e-gobierno por otro, impulso de leyes defectuosas como la de instalación de antenas celulares y la Sisep, mientras Telcor, por ejemplo, es un ente regulador que quizás necesita más apoyo humano, económico, técnico, material y verdadera independencia gubernamental para ejercer su trabajo, y no necesariamente tener como espada de Damocles a una burocrática superestructura de una Sisep que si se aprueba cercenando la naturaleza de los entes reguladores de los servicios públicos, pues tendremos algo complicado.
En este concepto de visión integral deben apuntarse los otros poderes del Estado, y especialmente los diputados para que no obstaculicen o desnaturalicen importantes proyectos de ley que buscan el desarrollo del país.
