- Existen problemas de falta de control sobre documentos y
manos ajenas en redacción de
informes institucionales
José Adán Silva yMirna Velásquez
Tras la denuncia de la pérdida de un documento confidencial de la Procuraduría General de la República, las declaraciones de los procuradores interrogados por la Policía Nacional, revelaron serios problemas de organización en las oficinas de quienes constitucionalmente son los abogados de los intereses del Estado.
La procuradora Carolina Vásquez, a quien le fue encargada la elaboración de un informe sobre el caso del Banco Mercantil y su litis contra el Banco de Crédito Centroamericano, no sólo perdió el informe que posteriormente salió publicado en un campo pagado, sino que confesó que daba a redactar informes institucionales a su hijo estudiante de Derecho.
En su declaración ante la Policía Nacional que investiga la denuncia, Vásquez dijo lo siguiente: “Transcurren pocos días y procedo a llevarme mis copias manuscritas a mi casa que las poseo en mi libreta amarilla y en mi casa le dedico un sábado o domingo a trabajar sobre esa información y el lunes 7 de junio del año en curso le digo a mi hijo que me vaya escribiendo en la computadora el informe, porque el día siguiente me tocaba ir a la Portuaria en horas de la mañana y ver gestiones del catastro y no iba tener tiempo para escribir tantas cosas ese día”, y su hijo, relata ella ante la Policía “se quedó haciéndolo”, auxiliado de la libreta amarilla de la procuradora, quien luego dice que revisó el texto y lo modificó antes de entregarlo al procurador Iván Lara.
NO HAY SEGURIDAD
Ella misma, casi al final de su declaración, señala que “es mi interés personal dejar claro que el acceso a toda la estructura de la Procuraduría Penal no se encuentra limitado ni registrado, ni revisado por nadie, es decir, que cualquier persona sean dentro del personal de la unidad o fuera de la misma, puede acceder sin mayor problema”, dijo, agregando que las computadoras asignadas no tienen claves, y el escritorio y el archivador, así como las oficinas, carecen de puertas y llaves.
TESTIGOS SEñALAN A EX PROCURADORA
La abogada Diana Rosalía Avendaño, en su declaración ante la Policía, prácticamente inculpó a su colega Vásquez, de quien comentó que le escuchó una conversación telefónica donde le pedía a alguien cercano a un abogado de Haroldo Montealegre, que le regresara los documentos del informe que luego apareció publicado, ya que al parecer estaban en poder del alguien más.
Nelly Guerrero, de esa misma unidad, dijo a la Policía que en las filas de la PGR las mismas empleadas dicen que era ‘vox populli’ que la ex procuradora Avendaño era la sospechosa de haber filtrado a los medios los documentos sobre los dobles salarios que funcionarios de esa institución recibían de la Presidencia y otros fondos extranjeros
INVESTIGAR A FONDO
Por su parte, la procuradora Ada Luz Valerio, siempre ante la Policía, solicitó “que se investigue a fondo porque en la PGR hemos pasado una etapa de incertidumbre, intranquilidad, porque no se ha investigado quiénes son los hechores de este ilícito y hasta que no culmine la investigación en los Juzgados y la opinión pública nos tienen como sospechosos”.
Iris Valverde, ante una pregunta del investigador policial sobre si piensa que hay seguridad al acceso a los documentos, expresó: “Pienso que no hay seguridad; en la inspección se puede observar que la documentación se maneja encima de los escritorios de cada procurador, en las mesas, en cajas que se encuentran en el piso”.
MONTEALEGRE PIDE ABSOLUCIÓN
El ex banquero Haroldo Montealegre, procesado por el delito de violación de secretos, pretende ser absuelto de los cargos, para lo cual introdujo un alegato de inocencia basado en el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente.
Montealegre fue investigado por la Policía Nacional, después de haber pagado un espacio publicitario donde aparecía una copia de un documento interno de la Procuraduría General de la República (PGR) referido a un juicio entre él y el Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro). El documento fue filtrado y no hubo autorización de esa institución para ser publicado.
El procesado no se presentó a la primera citatoria judicial para que rindiese su declaración indagatoria fijada para el pasado 13 de julio.
Montealegre solicitó que se declare absuelto porque considera que solamente ejerció su derecho constitucional de expresarse libremente y señala además las normas constitucionales referidas al derecho al libre pensamiento, a la información veraz y a obtener información de las instituciones estatales.
“En virtud de eso vamos a analizar tanto sus alegatos como el contenido del expediente a efecto de proveer y resolver”, dijo el juez Tomás Cortés, quien tramita el proceso, al tiempo que dijo que valorará si los hechos denunciados están enmarcados dentro del delito de violación de secretos.
El Código Penal castiga con la pena de prisión de tres meses a un año, a la persona que publique o haga circular el contenido de una carta sin autorización.
